Tres días después
Con tres días de retraso, la ministra de Sanidad, Celia Villalobos, compareció ayer públicamente para explicar las razones que la llevaron el martes pasado a emitir una alerta sanitaria que inmovilizaba todo el aceite de orujo existente en el mercado. La ministra amparó su drástica decisión en la gravedad del riesgo sanitario 'futuro' que comportaba la comercialización de un aceite con un alto contenido de una sustancia cancerígena denominada benzopireno. Si tal era el peligro, ¿cómo es que tardó tanto en explicarlo a los ciudadanos?
Villalobos informó al fin de que 11 muestras de aceite de orujo habían arrojado niveles de benzopireno que superan entre 4 y 40 veces el límite de tolerancia que su propio departamento ha decidido establecer provisionalmente, a falta de regulación legal. También aseguró que dispuso la alerta horas después de haber recibido los análisis oficiales del Ministerio de Agricultura, y que no tenía constancia de ningún resultado anterior.
Los niveles de benzopireno, y de otras sustancias cancerígenas a largo plazo, deben reducirse en la cadena alimentaria. Así lo recomienda la Organización Mundial de la Salud desde el año 1997. La cuestión es si la alerta sanitaria sobre el aceite de orujo era una manera sensata de abordar un problema que no es exactamente de ayer. El sector ya tenía prácticamente ultimado un acuerdo con Agricultura para adaptar sus procesos de refinado y eliminar esos contaminantes. Es más, el lunes ya se había comprometido con Sanidad a retirar ordenadamente el aceite de orujo de las tiendas en un plazo de 20 días. Villalobos dijo ayer que ese plazo le pareció excesivo. ¿Lo era realmente, cuando los mismos aceites llevaban en el mercado al menos tres años, según reconoció ayer la propia ministra? Y si la retirada era tan urgente, ¿por qué no se adoptó en mayo, cuando el Gobierno supo que la República Checa había rechazado una partida de aceite de orujo español precisamente por su alto contenido en benzopireno? ¿O incluso en enero, cuando un instituto oficial del Consejo Superior de Investigaciones Científicas advirtió del problema?
Ninguna de las respuestas de la ministra resuelve estos interrogantes. Es más, lo único que revelan es un universo de confusión e inseguridad que produce escalofrío. ¿Si tan graves eran los resultados, si tan peligroso era el producto como para desatar una de las más importantes alertas sanitarias de los últimos años, cómo es posible que el Ministerio de Sanidad no supiese nada hasta el pasado martes? ¿Cómo conceder a Villalobos la confianza que reclamó machaconamente cuando parece la última en enterarse?
La alarma es aún mayor cuando se comprueba que Villalobos no ha estado sola en este vertiginoso baile. Si algo ha revelado el episodio del aceite de orujo ha sido una vez más la preocupante descoordinación entre los departamentos de Agricultura y Sanidad, dos ministerios cuya buena sintonía es esencial para garantizar la seguridad alimentaria. Agricultura asegura que envió los análisis a Sanidad a mediados de junio, pero Villalobos afirma que los recibió el 3 de julio. ¿Quién miente? Agricultura abordó el asunto del orujo mediante la negociación con el sector, y Villalobos irrumpió en ese proceso como una apisonadora. Los límites de benzopireno considerados admisibles difieren en un factor 12, según el ministerio que los evalúe. Y entre las personas que querrían ver a Villalobos destituida figuran varios altos cargos de Agricultura. Aznar tiene una buena ocasión para reflexionar sobre la gestión de una ministra que genera desconfianza cuando actúa e irrita cuando no lo hace.
