La oposición exige transparencia en la adjudicación del Hospital General de Cataluña

Los trabajadores volvieron a manifestarse ayer cortando la autopista A-7 en protesta por el aplazamiento de la decisión y las presiones de que es objeto la comisión de adjudicación del hospital. La comisión liquidadora debe reunirse hoy para decidir entre los dos aspirantes que optan a quedarse con el centro, cuyo principal patrimonio es un edificio de 97.000 metros cuadrados situado en Sant Cugat del Vallès con capacidad para 750 camas, de las que ahora sólo están en servicio 270.

'Creemos que en un asunto en que el erario público ha perdido tantos miles de millones de pesetas, el Parlament tiene algo que decir', declaró ayer la diputada socialista Carme Figueras. 'En cualquier caso, el proceso debe ser absolutamente transparente y mucho nos tememos que se estén violentando los mecanismos de adjudicación para beneficiar determinados intereses económicos vinculados a Convergència. La adjudicación debe realizarse a la oferta económica más alta y solvente, porque es la que mejor puede garantizar la viabilidad futura del hospital como centro privado', insistió.

La mejor oferta económica corresponde a la empresa Catalana de Diagnóstico y Cirugía, cuyo principal accionista en un fondo de inversiones de Citibank, que ya posee nueve hospitales en España. Este grupo ofrece 1.200 millones al contado por los activos del hospital (o 1.600 en seis años) y una inversión de 1.800 millones en el primer año, además de garantizar la continuidad de la plantilla.

El segundo aspirante es la Mutua de Terrassa, asociada con el grupo Cetir (especializado en diagnóstico por la imagen y medicina nuclear) y General Lab, cuyo presidente es Carles Sumarroca, fundador de Convergència Democràtica. La mutua ofrece por los activos 1.700 millones a pagar en 15 años, de los cuales, sólo desembolsaría ahora 250. Eso deja su oferta en un valor real, deducidos los descuentos por el aplazamiento, de 1.380 millones pesetas y plantea un problema adicional: la comisión de seguimiento debe disolverse a los cinco años. Su oferta de inversión para el primer año es de 150 millones.

Equilibrio asistencial En el momento de la quiebra, el hospital declaró un pasivo de 17.000 millones, la mayor parte deudas a Hacienda y la Seguridad Social, pero desde su fundación, en 1983, ha perdido más de 34.000 millones. La diferencia inicial entre las dos ofertas era muy sustancial, ya que la Mutua de Terrassa sólo ofrecía 600 millones por los activos. Al conocer la ventaja de su competidora, fue mejorando su oferta pero sin llegar a igualarla, con la promesa de reinvertir en el hospital los beneficios de explotación. Pero el centro es ahora mismo deficitario: en 2000 generó un déficit de 1.300 millones. Cualquiera que sea la oferta vencedora, cuenta con el compromiso del Departamento de Sanidad de mantener durante 10 años los 1.800 millones anuales que viene ingresando el hospital por asistencia a enfermos de la Seguridad Social.

El Consorcio Hospitalario de Cataluña, entidad que agrupa a más de 60 centros, considera que el futuro del Hospital General debe inscribirse exclusivamente en el ámbito de la medicina privada. La posibilidad de que la Mutua de Terrassa pase a gestionarlo crea importantes reticencias en el sector sanitario público del Vallès, que teme ver alterado el equilibrio asistencial, según explicó ayer el presidente del consorcio, Josep Abelló. La mutua es ahora un operador concertado que entra en competencia con el complejo Parc Taulí y el Hospital de Terrassa, dos instituciones de carácter público. Este último tiene ahora dos plantas vacías.

'Tal como se ha desarrollado el proceso, tenemos serias dudas de que la decisión se tome con criterios exclusivamente técnicos', explicó Abelló. Fuentes próximas al PP confirmaron ayer que tanto Hacienda como la Seguridad Social se inclinaban por la oferta económica más alta, es decir, la de Catalana de Diagnóstico, que también contaba con el apoyo de los trabajadores, con lo que hasta el martes tenía tres de los cinco votos de la comisión de acreedores. La intervención de los consejeros Artur Mas y Francesc Homs obligó a reconsiderar las posiciones iniciales.