Pugna por el Hospital General

La junta de acreedores que debía tomar la decisión tenía cinco miembros: Seguridad Social, Hacienda, Ayuntamiento de Sant Cugat, Servicio Catalán de la Salud y representantes de los trabajadores. Los informes preliminares presentados anteayer por Hacienda y la Seguridad Social se inclinaban por Catalana de Diagnóstico y Cirugía por presentar la oferta económica más alta y ser la más ventajosa desde el punto de vista de la forma de pago. Los trabajadores, por su parte, habían votado en una asamblea de forma prácticamente unánime en favor de esta opción, por entender que era la económicamente más sólida y la que se había comprometido de forma más clara por el mantenimiento de los puestos de trabajo.

Los informes del Servicio Catalán de la Salud eran eclécticos: sostenían que tanto la oferta de Catalana de Diagnóstico y Cirugía como la de Mutua de Terrassa eran técnica y sanitariamente 'solventes y viables'. Sólo hacían notar en una apostilla que se consideraba positiva la experiencia de Mutua de Terrassa en el Vallès como centro de XHUP (Red Hospitalaria de Utilización Pública, que engloba a los centros concertados), mientras que del otro candidato no había referencias sobre este aspecto.

La reunión se inició, pues, con una votación que presumiblemente iba a inclinarse por la oferta de Catalana de Diagnóstico, con la posible abstención o voto en contra del Servicio Catalán de la Salud y del Ayuntamiento de Sant Cugat. Pero a la hora de la verdad, el único voto decidido era el de los trabajadores. Una ronda de llamadas de última hora, que se prolongaron ya comenzada la reunión, impidió que se alcanzara un acuerdo y finalmente se decidió aplazar la decisión durante 48 horas.

Los trabajadores atribuyeron el bloqueo de la decisión a presiones del Gobierno de la Generalitat sobre los representantes de Hacienda y de la Seguridad Social y emitieron un duro comunicado en el que denunciaban una posible manipulación política del concurso. A última hora de la tarde, un nutrido grupo de trabajadores se manifestó ante el Ayuntamiento de Sant Cugat.

La decisión quedó aplazada, pero la reunión de ayer evidenció una fuerte pugna por los despojos de un gran proyecto que se inauguró en 1983 con la aportación económica de 70.000 catalanes que no sólo han perdido todo el dinero que invirtieron, sino los derechos que supuestamente adquirían al invertir en el proyecto. Pero los despojos, en este caso, no son cualquier cosa: un edificio de 97.000 metros cuadrados -de los que sólo están ocupados 50.000- situado en una zona privilegiada del Vallès y con capacidad para albergar 750 camas, de las que ahora mismo sólo están en servicio 270.

El valor inmobiliario del compejo es alto, pero su viabilidad futura como centro sanitario depende de las inversiones que el nuevo propietario esté dispuesto a realizar. La auditoría de 2000 revela que el centro sigue teniendo un déficit anual de 1.300 millones de pesetas.

El sueño de la sanidad privada catalana, en el que se recaudaron más de 7.000 millones de pesetas en aportaciones populares, se esfumó pronto. En 1988, cinco años después de su inauguración, el centro acumulaba ya un déficit de 8.000 millones. Cuando en noviembre de 1999 presentó quiebra voluntaria tras varios años de lucha titánica por la supervivencia bajo el paraguas de una suspensión de pagos, las pérdidas acumuladas a lo largo de su historia sumaban 34.000 millones.

La junta de acreedores constituida tras la quiebra recibió tres ofertas: una de una sociedad radicada en las Bahamas sin ninguna experiencia en el ámbito sanitario; otra de la empresa Catalana de Diagnóstico y Cirugía, y otra de Mutua de Terrassa, entidad concertada por la Seguridad Social.

Los estudios iniciales descartaron rápidamente la oferta de las Bahamas por las sospechas de que se trataba de una opción meramente especulativa destinada a negociar con los terrenos y el edificio. En cambio, las otras dos eran netamente sanitarias, solventes y ambas representaban a importantes intereses económicos.

Catalana de Diagnóstico y Cirugía es filial de Ibérica de Diagnóstico y Cirugía, cuyo principal accionista es la sociedad CVC (Citibank Venture Capital), un fondo inversor y de pensiones que en los últimos años ha invertido en Cataluña 200.000 millones en la compra, entre otras sociedades, de Torras Papel y Revlon. Ibérica de Diagnósticos tiene nueve hospitales en España, en Murcia, Albacete, Badajoz, Cáceres y Toledo, entre otras ciudades, y está construyendo uno en Madrid. El de Sant Cugat se convertiría en el buque insignia del grupo.

Mutua de Terrassa es un operador sanitario muy conocido en el Vallès que opta al Hospital General de Cataluña a través de una sociedad en la que tendría como socios a importantes empresarios sanitarios próximos o vinculados a CiU. Entre ellos a Carles Sumarroca, fundador de Convergència Democràtica, con participación en numerosos negocios, varios de ellos sanitarios. Sumarroca es presidente de General Lab, SA, y Medical Lab, sociedades que han sido objeto de importantes adjudicaciones de analítica por parte del Departamento de Sanidad y que han sido denunciadas por la oposición socialista en el Parlament como beneficiarias de una política de amiguismo en las adjudicaciones de servicios extrahospitalarios.

La Alianza

General Lab se constituyó durante la crisis de La Alianza como consecuencia de la privatización del laboratorio de análisis clínicos de la entidad. La decisión se tomó en contra de la opinión de los trabajadores, alegando falta de rentabilidad del servicio, pero la nueva empresase reveló muy pronto como un negocio muy rentable. Entre las personas de su Consejo de Administración figuran Miquel Esquirol, también fundador de Convergència, y Lluís de Jaureguizar, que ejercieron la presidencia y la dirección general de La Alianza a lo largo de la crisis de esta entidad.

En la oferta de Mutua de Terrassa para el Hospital General de Cataluña participa también Jordi Setoaín, empresario impulsor del poderoso grupo privado Cetir, especializado en diagnóstico por la imagen y medicina nuclear, que ha acaparado siempre las adjudicaciones de estas pruebas extrahospitalarias y ha sido objeto también de polémica porque durante muchos años se han realizado sin ningún tipo de concurso público pese a que sumaban miles de millones de pesetas.

Estos son los actores en juego. Y estas sus últimas ofertas por el Hospital General de Cataluña: Catalana de Diagnósticos y Cirugía ofrece por los activos 1.200 millones al contado o 1.600 en seis años, y una inversión adicional el primer año de 1.800 millones de pesetas en utillaje. También se compromete a mantener la plantilla.

Mutua de Terrassa ofrece 1.700 millones por los activos, a pagar 250 millones ahora y el resto en 15 años, lo que representa una oferta real de 1.380 millones de pesetas una vez deducidos los costes del aplazamiento.

La mutua considera que se ha de realizar una inversión de choque, estimada en 7.000 millones, para hacer viable el hospital, pero no se compromete a invertirlos: 'Se harán a medida que el propio hospital genere los recursos', explicó ayer Jaume Soana, director general de la mutua. Soana es consciente de que su oferta es económicamente inferior, pero cree que lo que cuenta es el papel de su entidad en la red sanitaria del Vallès. 'La decisión, en este caso, debe ser política', dijo.

No lo ve así su contrincante: 'Espero que la decisión sea técnica. La nuestra es una oferta económicamente más solvente, y eso es lo que esperamos que se tenga en cuenta', dijo Víctor Madera, consejero delegado de Catalana de Diagnóstico. 'Nuestro objetivo es convertir el Hospital General en el centro de referencia del grupo no sólo en España, sino en Europa'.