La Generalitat abre expediente a tres explotaciones por ocultar la peste porcina

Los mecanismos establecidos por la Generalitat para controlar la importación de ganado en Cataluña y luchar contra la peste porcina clásica (PPC) han funcionado correctamente. En cambio, lo que no ha funcionado, a juicio del consejero de Agricultura, Josep Grau, ha sido el sentido de la responsabilidad de algunos ganaderos de Lleida que ocultaron varios días la existencia de la enfermedad en sus explotaciones, una circunstancia que ha facilitado la propagación del virus a cinco comarcas. Desde el pasado 14 de junio, la Generalitat ha declarado nueve focos de peste, ha sacrificado 31.621 cerdos y ha realizado 7.629 análisis aleatorios en 132 explotaciones de Lleida, donde la tercera parte de la cabaña porcina está inmovilizada. Agricultura declaró ayer la existencia de dos nuevos focos, uno en Sisteró (Segarra) y otro en Castellserà (Urgell), que estaban pendientes de confirmación por el laboratorio especial de referencia.

Grau anunció ayer en Mollerussa que su departamento cerrará la próxima semana los expedientes administrativos abiertos contra los responsables de tres empresas integradoras de Lleida -Piensos ARB, Piensos Gatnau y Piensos Yak- por haber incumplido una normativa que obliga al propietario de la explotación a poner inmediatamente en conocimiento de la Administración cualquier sospecha o síntoma de peste. Los expedientes, que se resolverán al margen de la investigación judicial que dirige el fiscal especial del caso, Eduardo Piedrabuena, podrían acarrear fuertes sanciones administrativas y económicas, como multas y retirada de licencias.

Equivocarse muhos días

'Ha quedado demostrado', denunció Grau, 'que algunos ganaderos no han actuado correctamente porque no nos comunicaron el brote de la enfermedad como debían haber hecho desde el primer minuto', sino que Agricultura se enteró gracias a la Universidad Autónoma de Barcelona, que detectó el virus en unos análisis habituales. El consejero añadió que los servicios jurídicos de su departamento han abierto tres expedientes porque 'dispone de información y de indicios suficientes que se podrán demostrar' referidos a la ocultación de la peste. Grau no quiso desvelar los nombres de los ganaderos expedientados, pero los relacionó claramente con las granjas de Soses, Penelles y Golmés, donde se han declarado algunos de los siete focos activos de peste.

El responsable de Agricultura acusó a algunas de las empresas implicadas en la propagación de la peste de llevar a cabo una campaña de intoxicación 'porque no quieren ser investigadas' y, refiriéndose al comunicado hecho público ayer por Piensos Yak desmintiendo todas las acusaciones que se ciernen sobre la empresa, Grau se mostró contundente y lacónico: 'Todo el mundo tiene derecho a opinar, incluso a intoxicar, pero la investigación ya se encargará de aclararlo. Os pido que no les hagáis el juego'.

Pero Grau no sólo recriminó el comportamiento negligente de estos ganaderos, sino que también hizo extensibles sus críticas a los granjeros y a los veterinarios encargados de controlar la sanidad animal de las explotaciones infectadas. 'Todas las explotaciones de ganado porcino de Cataluña', indicó, 'tienen un técnico colegiado que lleva diariamente el control sanitario, por lo que la responsabilidad no es sólo del propietario. Cuando el granjero detecta un problema, avisa a la empresa y ésta le envía al veterinario. Pero por lo que se ve los colegiados se han debido de equivocar durante muchos días en todas esas explotaciones'.

Mientras tanto, las investigaciones judiciales continúan a la espera de conocer los resultados de las muestras obtenidas en una fosa donde había animales muertos, en una granja de Piensos Yak en Golmés -donde algunas fuentes del sector indican que se halla situado el foco primario-, para determinar si los animales enterrados allí murieron de peste.