Las tabacaleras deben responder ante la Administración sanitaria

La propuesta del presidente de la Junta de Andalucía de recabar la contribución de la industria tabacalera al mayor gasto sanitario que genera el tabaquismo ha causado, aparte del lógico impacto, al ser ésta la primera Administración europea que lo plantea, no pocas reacciones políticas y jurídicas. La mayoría de ellas cargadas de prejuicios; sobre todo las negativas.

Nadie, sin embargo, cuestiona el fondo del problema: el tabaquismo es una fuente directa de un sinfín de enfermedades, que, además, llegan precedidas de una publicidad del producto engañosa en cuanto no se predican sus excelencias, sino la excelencia social de fumar. No conviene olvidar el hecho evidente de cómo se vale la industria tabacalera de mensajes confusos dirigidos a adolescentes y jóvenes, menores de edad e insuficientemente maduros, para hacer de ellos presas fáciles de una droga que a estas alturas todo el mundo reconoce como una de las que mayor adicción genera.

Así pues, el problema existe, se quiera o no; provoca un coste sanitario específico y, a la larga -esto también está claro-, condiciona las políticas públicas de salud.

La demanda, -si es que la industria tabacalera se niega en redondo a negociar, como parece ser que ha anunciado- está justificada, curiosamente, a partir del argumento principal que ha esgrimido la propia industria para defenderse: 'El Estado ya recauda mucho dinero con el impuesto sobre las labores del tabaco'. Sí, cierto. Pero ese dinero, procedente como es de un impuesto indirecto, lo pagan los consumidores que fuman, no la industria tabacalera que no contribuye más que cualquier otra que paga su correspondiente impuesto de sociedades, ya sea una empresa de lácteos, de microprocesadores, o de tabaco.

Sin embargo, el daño que causan unas y otras no es equivalente. Hoy cuando se está reclamando que pague 'más' quien más contamina, parece obvia la reclamación a quien mas envenena. Es del todo lógico que las tabacaleras, que causan un daño por su actividad, paguen por ello. La industria tabacalera fabrica y comercializa un producto que genera costes sanitarios concretos y específicos que no se darían sin esa fabricación y comercialización. Producen un 'daño propio y típico de su actividad', y no asumen los costes de este daño como propios, sino que los traspasan a la sociedad, a través de un tercero, a la Sanidad Pública en este caso, que los paga sin poder evitarlos. En efecto, la Sanidad Pública ni puede prohibir el tabaco, ni, por supuesto, negarse a prestar asistencia al fumador, asistencia que para ella es un mandato constitucional y legal. En consecuencia, una parte de los impuestos que pagamos todos se emplean en atajar los daños y costes sociales de una actividad empresarial determinada, la de las tabacaleras, por la que además obtiene pingües beneficios.

De lo dicho hasta aquí se desprende que el incremento en el gasto sanitario por culpa del tabaquismo es un 'daño directamente padecido' por la Administración sanitaria: el asegurado en ningún caso lo paga, y la Administración no puede pedirle que lo haga. El daño sólo lo sufre la Administración; y parece lógico que la reparación de éste pueda exigirlo ella por derecho propio, no en sustitución o en nombre de las víctimas.

Se debe señalar que no es igual que reclame un particular a que lo haga la Administración. Mientras que para el fumador la jurisprudencia estipula que éste debe demostrar que el daño concreto que sufre ha sido causado a él, de manera singular, por el tabaco, para la Administración, en las líneas de principio de esta misma jurisprudencia, basta exigir que se pruebe que ciertas patologías, con una alta frecuencia de morbilidad, se deben significativamente al tabaquismo; y que el incremento en los costes sanitarios es atribuible a esta causa.

La industria tabacalera queda atrapada en su propio argumento, como la araña en su tela, cuando alega que 'el fumador está avisado del daño y, por tanto, si fuma, es su responsabilidad'. El argumento es falaz en la reclamación de la Sanidad Pública: la Administración 'no fuma'; pero sí debe pagar las consecuencias. Es decir, no reclama la reparación de un daño a su salud, sino el coste que le supone atender el daño a terceros cuya conducta ella no puede controlar. Pero incluso en el terreno de las reclamaciones individuales, es bastante cínico decir que un aviso en una cajetilla, diga lo que diga, es eficaz en la voluntad de un adicto, normalmente atrapado muy joven.

Finalmente, el argumento de las tabacaleras basado en la defensa del libre mercado y empresa, justifica lo contrario a lo pretendido por aquellas. A estas alturas ya ha quedado claro que el producto venenoso que fabrican genera unos costos que pagan todas las empresas -también ellas, por supuesto- con sus impuestos. Unos impuestos que contribuyen al fondo común con el que se financia la Sanidad Pública. Pero, si todos pagan en el mismo porcentaje, es claro que las tabacaleras concurren en el mercado en una posición de privilegio, desde el instante mismo en que derivan un coste propio de su actividad a actividades ajenas.

En conclusión, la exigencia de responsabilidad a las tabacaleras no se ha de ver como un puro mecanismo recaudatorio, sino como un vector más de las políticas de salud pública contra el tabaquismo, así como de la correcta distribución de costes entre empresas y Administración. Sobran razones para que las tabacaleras negocien fórmulas para la negociación. No vale enrocarse tras el latiguillo demagógico de que este es un problema de financiación de la salud pública. ¡Claro que lo es! ¿De qué iba a ser? Lo que no es de recibo es que todos paguemos los costes de un mal que sólo la actividad lucrativa de las tabacaleras genera.

Ángel López, Francisco Capilla y José León-Castro son catedráticos de Derecho Civil de la Universidad de Sevilla e investigadores principales del grupo sobre Responsabilidad Civil de las Industrias Tabacaleras.