Manifestación

Miles de personas desfilaron pacíficamente el domingo por el centro de Barcelona en legítimo uso de un derecho protegido por la Constitución. Protestaban contra la globalización. Pero la actuación violenta de un centenar de individuos, así como la turbia intervención policial -presenciada y registrada por los medios de comunicación-, estropearon ese ejercicio democrático. Los problemas para celebrar esta manifestación de triste final arrancan de lejos. La delegada del Gobierno, Julia García Valdecasas, quiso cambiar el itinerario de la marcha a mitad de la semana, pero el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TJSC), considerando 'acreditada' la trayectoria de las más de 300 organizaciones que convocaban la marcha, así como su compromiso 'pacífico', decidió autorizarla en los términos previstos por los promotores.

La policía debería haber velado por el ejercicio de este derecho. Desgraciadamente no fue así. El ministro del Interior recordó ayer que la policía es garante del orden y respaldó su actuación. Pero el orden que debe garantizar la policía es el orden democrático, que, entre otras cosas, pasa por que unos ciudadanos puedan manifestarse a favor de determinadas ideas, por polémicas que resulten para otros.

El papel de la policía en Barcelona no fue ése. Pecó por defecto al tolerar de hecho los actos vandálicos que acontecieron durante la manifestación. Podía haberlos evitado, puesto que los cometieron menos de cien personas desgajadas de la marcha. La rotura de escaparates se prodigó sin que las fuerzas de seguridad se hicieran presentes, mientras el servicio de orden de la manifestación se interponía entre los vándalos y sus objetivos poniendo en peligro su integridad. La excusa de que intervenir habría incrementado la tensión resulta huera, pues las organizaciones convocantes predicaron, y defendieron, una marcha sin violencia.

La policía pecó también por exceso. En las postrimerías de la marcha, y cuando ya se habían producido los hechos violentos, cargó contra manifestantes pacíficos. Resultado: sesenta contusionados, entre ellos algunos periodistas que observaban la situación. El Colegio de Abogados de Barcelona acusó ayer a la policía de vulnerar derechos fundamentales, y a Interior, de tejer una estrategia para incitar a la violencia con el fin de desacreditar a los movimientos sociales contestatarios. Sin necesidad de ir tan lejos, los hechos reclaman una investigación. Sobre la actuación de policías de paisano que usaban porras, sobre su pasividad ante los violentos y su intervención contra los pacíficos. Sobre quién ordenó tanto desafuero.