La mayoría de las mujeres que deciden abortar legalmente tienen entre 20 y 24 años y son solteras

Los 1.435 abortos contabilizados en la comunidad autónoma suponen un aumento de un 12% frente a los registrados en 1995. En un estudio realizado por el departamento se puede comprobar que el perfil de la mujer que aborta en Euskadi responde al de una joven de entre 20 y 24 años (casi el 30% del total). El 63,8% son solteras y en un 80% de los casos se trata de la primera interrupción. Por otra parte, un 12,7% de las mujeres que decidieron poner fin a su embarazo tenían entre 15 y 19 años de edad.

Este dato confirma, según el presidente de la Asociación Vasca de Contracepción, Roberto Lertxundi, que fallan las políticas de prevención. 'La tasa de embarazos no deseados es alta. Falla la información y el acceso a los medios preventivos. Los accidentes, como la rotura del preservativo, suelen ocurrir los fines de semana, con los centros de planificación familiar cerrados'.

Lertxundi considera que las cifras oficiales de abortos no responden a la realidad, y aporta el estudio realizado por la asociación que preside en 1998. Según el Departamento de Sanidad, aquel año se registraron 1.305 abortos. 'La Asociación realizó un muestreo de un solo mes. Se contabilizaron 237. Haciendo una estimación a 12 meses salen casi 3.000. La conclusión es que sólo se comunican los abortos estrictamente legales, los que no pueden poner en apuros a los demandantes. El resto no consta en ningún papel', resalta Lertxundi.

Objeción médica

Todos los hospitales públicos con servicio de Obstetricia están acreditados para realizar abortos, pero la realidad es que sólo un 6% practicó durante 1999 interrupciones voluntarias del embarazo acogidas a supuestos legales, un porcentaje parecido al del resto de España. Las razones para que no esté normalizada la práctica del aborto en la red sanitaria pública son varias. Por una parte, las demandantes se decantan por las clínicas privadas por razones de privacidad y de confidencialidad, algo que, según Lertxundi, no está 'garantizado en los grandes hospitales'. Y por otra parte, la escasez de abortos en los centros públicos se debe a la objeción en bloque que realizan sus médicos. 'Todos los hospitales públicos deberían crear unidades específicas o, al menos, garantizar que tienen algún facultativo que no hace objeción, porque las interrupciones son legales y legítimas', reclama el presidente de la Asociación Vasca de Contracepción.

Desde el Departamento de Sanidad, en cambio, se asegura que en los centros públicos hay profesionales dispuestos a realizar estas operaciones y que la confidencialidad está garantizada, pero que la tradición histórica empuja a las mujeres al sector privado. Cuando la interrupción entraña una gran complejidad técnica, al superar las veinte semanas de gestación, las demandantes se decantan mayoritariamente por realizar la operación en hospitales públicos. En cualquier caso, cuando se trata de un aborto legal y la embarazada no quiere ser intervenida en un hospital público, el departamento puede derivarla hacia una de las cinco clínicas privadas con las que tiene un concierto. En ese caso, la operación (que ronda las 50.000 pesetas) es sufragada íntegramente por Sanidad.