El 94% de los 1.435 abortos legales de Euskadi se realizan en clínicas privadas

El número de mujeres que abortaron de forma legal en Euskadi fue de 1.435 en 1999, último año del que existen estadísticas oficiales, y el 94% lo hizo en clínicas privadas. La inmensa mayoría (95%) de las que decidieron interrumpir su embarazo se acogió al tercero de los tres supuestos previstos por la ley: riesgo para la salud de la madre. Sin embargo, los profesionales creen que las interrupciones voluntarias del embarazo son al menos el doble de las que registran los archivos de la Administración sanitaria vasca. Según estos expertos, muchas intervenciones no se reflejan porque, al no poderse encajar con claridad en una de los tres supuestos, las demandantes prefieren pasar desapercibidas, y otras veces porque las mujeres no quieren comunicar la interrupción, aunque sea legal, para proteger su intimidad.

Quizá por ello el País Vasco tiene una tasa de abortos de 2,91 por cada mil mujeres de entre 15 y 44 años de edad, según un estudio del Departamento de Sanidad. Eso significa que es la comunidad con la segunda tasa más baja después de Navarra. La media en España se sitúa en 6,52.

Está permitido abortar cuando el feto va a nacer con graves defectos, cuando ha existido una violación o en el caso de que la salud física o psíquica de la madre corra algún tipo de peligro. En los dos primeros casos el aborto puede provocarse hasta la semana 22 de embarazo. Más de la mitad se realiza antes de las ocho semanas de gestación. Pero aunque el aborto se practique de acuerdo con estos requisitos legales, el riesgo de complicación judicial persiste.

Los 1.435 abortos contabilizados en la comunidad autónoma suponen un aumento de un 12% frente a los registrados en 1995. En un estudio realizado por el departamento se puede comprobar que el perfil de la mujer que aborta en Euskadi responde al de una joven de entre 20 y 24 años (casi el 30% del total). El 63,8% son solteras y en un 80% de los casos se trata de la primera interrupción. Por otra parte, un 12,7% de las mujeres que decidieron poner fin a su embarazo tenían entre 15 y 19 años de edad.

Este dato confirma, según el presidente de la Asociación Vasca de Contracepción, Roberto Lertxundi, que fallan las políticas de prevención. 'La tasa de embarazos no deseados es alta. Falla la información y el acceso a los medios preventivos. Los accidentes, como la rotura del preservativo, suelen ocurrir los fines de semana, con los centros de planificación familiar cerrados'.

Lertxundi considera que las cifras oficiales de abortos no responden a la realidad, y aporta el estudio realizado por la asociación que preside en 1998. Según el Departamento de Sanidad, aquel año se registraron 1.305 abortos. 'La Asociación realizó un muestreo de un solo mes. Se contabilizaron 237. Haciendo una estimación a 12 meses salen casi 3.000. La conclusión es que sólo se comunican los abortos estrictamente legales, los que no pueden poner en apuros a los demandantes. El resto no consta en ningún papel', resalta Lertxundi.

Objeción médica

Todos los hospitales públicos con servicio de Obstetricia están acreditados para realizar abortos, pero la realidad es que sólo un 6% practicó durante 1999 interrupciones voluntarias del embarazo acogidas a supuestos legales, un porcentaje parecido al del resto de España. Las razones para que no esté normalizada la práctica del aborto en la red sanitaria pública son varias. Por una parte, las demandantes se decantan por las clínicas privadas por razones de privacidad y de confidencialidad, algo que, según Lertxundi, no está 'garantizado en los grandes hospitales'. Y por otra parte, la escasez de abortos en los centros públicos se debe a la objeción en bloque que realizan sus médicos. 'Todos los hospitales públicos deberían crear unidades específicas o, al menos, garantizar que tienen algún facultativo que no hace objeción, porque las interrupciones son legales y legítimas', reclama el presidente de la Asociación Vasca de Contracepción.

Desde el Departamento de Sanidad, en cambio, se asegura que en los centros públicos hay profesionales dispuestos a realizar estas operaciones y que la confidencialidad está garantizada, pero que la tradición histórica empuja a las mujeres al sector privado. Cuando la interrupción entraña una gran complejidad técnica, al superar las veinte semanas de gestación, las demandantes se decantan mayoritariamente por realizar la operación en hospitales públicos. En cualquier caso, cuando se trata de un aborto legal y la embarazada no quiere ser intervenida en un hospital público, el departamento puede derivarla hacia una de las cinco clínicas privadas con las que tiene un concierto. En ese caso, la operación (que ronda las 50.000 pesetas) es sufragada íntegramente por Sanidad.