La UE decide en julio sobre las dos infracciones ambientales en Euskadi

La CE aludió a la vulneración de las directivas de residuos peligrosos, de evaluación de las repercusiones de proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente, y de protección de aguas subterráneas contra la contaminación causada por determinadas sustancias peligrosas. Tras esta decisión, el Gobierno vasco pidió a Bruselas la celebración de una reunión para exponer nuevas aclaraciones. El encuentro fue aceptado por la Dirección de Medio Ambiente de la CE y se celebró el pasado 28 de mayo. Un portavoz de Medio Ambiente ha indicado que 'la viceconsejera [Esther Larrañaga] no tiene nada que decir' sobre la cita.

Reunión clarificadora Cuando Bruselas constató, el pasado año, la existencia de una infracción ambiental en la construcción de Artea, el Ejecutivo vasco negó que incumpliera directivas comunitarias, alegando que se limitó a acondicionar un vertedero y que su actuación 'ha logrado una reducción de los parámetros contaminantes en un porcentaje próximo al 98%'.

En la reunión de julio se puede empezar a clarificar -si es que el expediente sigue adelante y no se archiva- cómo se resuelve el dictamen de la CE. Hay que tener en cuenta que el vertedero está enterrado bajo el complejo comercial de Artea, que ocupa 70.000 metros cuadrados y se inauguró en abril de 1998 tras una inversión de 19.000 millones de pesetas. Con los dictámenes motivados, el infractor debe ajustarse a la normativa comunitaria, aunque el mandato no es de obligado cumplimiento. Pero, en caso de ser desoído, el asunto pasaría a manos del Tribunal de Justicia Europea en Luxemburgo, una opción que podría tomarse en la reunión de la Comisión del próximo mes. Posteriormente, si esta instancia judicial confirma la ilegalidad, podría imponer una elevada multa al infractor (en este caso el Gobierno vasco) hasta que se solucione el problema, una situación que ya ocurrió el pasado año con el Gobierno de Grecia.

El encuentro de la CE abordará también la queja sobre el depósito de lindane del aeropuerto de Bilbao, la primera de las infraestructuras acometidas por el Gobierno para neutralizar el problema de dicho residuo tóxico. En este caso, se debe decidir si el procedimiento de infracción pasa a ser dictamen motivado o si se archiva.

Bruselas vio materia de infracción en el depósito por la ausencia de la declaración de impacto ambiental, una medida que si existe en la otra celda de lindane que se está construyendo desde hace dos años en Barakaldo. El Gobierno vasco ha defendido que la infraestructura del aeropuerto cumple todos los requisitos incluidos en una declaración de impacto y además entiende que esta evaluación de sus efectos ambientales no es necesaria, dado que el depósito se incluye dentro del proyecto de ampliación del aeropuerto.

Las autoridades vascas han planteado en Bruselas que se trataba de un movimiento de tierras con residuos, frente a los argumentos de la plataforma vecinal Lur Maitea -el colectivo que formuló la queja ante la CE sobre este asunto-, que reiteran la catalogación del lindane como residuo peligroso.