IU denuncia al alcalde de Guillena por supuesta prevaricación en la contratación de trabajadores

Un informe del secretario municipal del pueblo sevillano señaló las irregularidades en 1999

El art. 405 del Código Penal castiga con una fuerte multa y suspensión de empleo y cargo público a aquella autoridad o funcionario que, a sabiendas, contrate a cualquier persona 'sin que concurran los requisitos legalmente establecidos para ello'.

El informe elaborado por el secretario municipal de Guillena en agosto de 1999, que analiza ocho contratos laborales temporales suscritos por el Ayuntamiento en los meses previos sin oferta pública de empleo, contiene literalmente y a modo de advertencia ese texto extraído del Código Penal.

Fraude de ley

El mismo informe concluye que esas contrataciones 'no se han ajustado al procedimiento legalmente establecido [...], ni se ajustan a los requisitos establecidos para los contratos para la realización de obras o servicios determinados, pudiendo presumirse su suscripción en fraude de ley, razón por la que los citados contratos adolecen de vicios que determinan su nulidad de pleno derecho'.

En enero de este año, el grupo municipal de Izquierda Unida en Guillena conoce el citado informe de la secretaría municipal. Según IU, el alcalde muestra entonces 'pasividad' ante las evidencias que ya manejan los concejales de la coalición y, ahora en junio, deciden denunciar los hechos ante la Fiscalía de Sevilla. Antes, en mayo, el portavoz de IU denunció a la Guardia Civil las amenazas de muerte e insultos que estaba recibiendo en su domicilio a través del teléfono.

Dominguez explicó ayer que, de los ocho contratos supuestamente fraudulentos, uno de ellos corresponde al candidato socialista a las elecciones de 1995 y otro era del número dos en la lista del PP para las de 1999. El portavoz de IU en Guillena, que acudió a la Audiencia de Sevilla acompañado por la coordinadora provincial, Concha Caballero, también insistió en que la denuncia no va contra los trabajadores municipales sino que sólo persigue 'acabar con los abusos de poder'.

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El alcalde Justo Padilla reaccionó ayer mismo a las acusaciones y negó cualquier irregularidad en los contratos del Ayuntamiento, aunque reconoció que en los casos estudiados por el secretario municipal se había obviado el procedimiento legal 'por razones de urgencia'. Una vez creadas formalmente esas plazas, salieron a concurso en diciembre de 1999 y fueron asignadas según la ley, dijo Padilla.

Respecto al contenido del informe del secretario municipal, Padilla afirmó que éste no conocía los contratos cuando lo elaboró y que su informe es ambiguo. El alcalde asegura, asimismo, que las acusaciones de IU son un intento de desestabilizar a su equipo de gobierno y que tienen su origen en 'el odio' que le profesan en la coalición, ya que Padilla gobernó Guillena durante 12 años como cabeza de cartel del PCE, primero, y luego de Izquierda Unida, antes de pasarse al PSOE.

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