Agricultura se queda sin recursos por las ayudas a las 'vacas locas' y al gasóleo

En medios del sector hay coincidencia general en reconocer los problemas en los que se vería el Ministerio de Agricultura por no poder realizar la cofinanciación de la Política Agrícola Común con Bruselas ante los escasos fondos aportados por la Administración española para esos fines en relación con los que aportan otros países comunitarios. La política de cofinanciación supone para el ministerio aportar una media del 12,5% de las ayudas totales previstas para un determinado programa. El otro 12,5% lo aportarían las comunidades autónomas para acceder a una ayuda similar a la española procedente de Bruselas. El presupuesto de este año para el ministerio ascendía a 1.184 millones de pesetas, un 5,3% más que en el ejercicio anterior.

Para el responsable de agricultura del PSOE, Jesús Cuadrado, es inadmisible que el Gobierno plantee sin recursos su política agraria y se limite a la mínima actuación en las jubilaciones anticipadas y en la reforestación.

Según los socialistas, se han detraído recursos destinados al medio ambiente o desarrollo rural para hacer frente a la enfermedad de las vacas locas. Jesús Cuadrado reclama un aumento en los presupuestos del ministerio para estos fines y la modulación en las ayudas para que los recursos disponibles tengan el mayor impacto posible.

Las medidas de ayuda para el gasóleo supusieron 35.000 millones de créditos a bajo interés y una compensación por aumento del IVA cercana a los 50.000 millones de pesetas. Por su parte, consecuencia de la enfermedad de las vacas locas, se concederán 50.000 millones de pesetas en créditos blandos, unos 14.000 millones de pesetas directamente a los ganaderos y unos 40.000 millones de pesetas para otras actuaciones, como eliminación de despojos y compensación a las cementeras. Aunque una parte es financiada por Bruselas, ha sido un esfuerzo que no se contemplaba en los presupuestos del departamento.

Esta falta de recursos en el Ministerio de Agricultura se ha traducido también en los últimos meses en la no concesión de ayudas nacionales para cofinanciar la retirada de vino para la destilación, que asciende a 2,6 millones de hectolitros.

Según los planes aprobados en su día por Bruselas, el programa de desarrollo rural y las medidas de acompañamiento hasta el año 2006 suponían para España unas inversiones de 2,35 billones de pesetas, de los que 1,5 billones serán ayudas comunitarias. En ese periodo se contemplaban, entre otros objetivos, el cese anticipado de 12.040 agricultores con un gasto público de 316 millones de euros. Para zonas desfavorecidas, el número de beneficiarios estimado era de 154.000 personas cada año, con un coste de 586 millones de euros. Para la forestación de tierras agrícolas, el número de beneficiarios previsto es de 14.732, con un coste público de 440 millones de euros. Agricultura ha señalado a las comunidades autónomas que es necesario ajustar al máximo los programas previstos por falta de fondos.