La UE busca un acuerdo con Irlanda en una semana decisiva para Europa

La UE afronta la semana más complicada del año. La agenda ya era compleja, pero el no irlandés al Tratado de Niza, necesario para la ampliación de la Unión, obliga a los líderes de los Quince a negociar de inmediato una posible salida pactada ante la cumbre europea de Gotemburgo (Suecia), prevista para el viernes y el sábado. Antes, mantendrán su primer encuentro con George W. Bush, en un momento de claro deterioro de las relaciones transatlánticas. Mañana, además, los ministros de Exteriores, que recibirán en Luxemburgo a sus colegas israelí y palestino, tendrán la última oportunidad de dar una satisfacción a España tras perder su pulso frente a Alemania a cuenta de los fondos europeos.

El baile de consultas entre las cancillerías ya comenzó el viernes. Brian Cowen, ministro de Exteriores de Irlanda, tendrá mañana en Luxemburgo la primera oportunidad de explicar a sus colegas europeos las claves para asimilar el bofetón irlandés. Los ministros harán una primera aproximación sobre la fórmula que pondrán en marcha para evitar la defunción del nuevo tratado, herido de muerte en Dublín el pasado jueves. 'Tenemos que encontrar el camino más adecuado para conseguir los objetivos aprobados en Niza', han dicho en un comunicado conjunto Göran Persson, primer ministro de Suecia (país que preside la UE este semestre), y el presidente de la Comisión, Romano Prodi.

Esa fórmula no parece ser otra, como ocurrió en 1992 y 1993 en Dinamarca al rechazar el Tratado de Maastricht, que convocar otro referéndum en Irlanda con condiciones excepcionales de aplicación del tratado, que deberán ser pactadas entre Dublín y los otros 14 Estados de la Unión. 'Necesitamos ese tratado, que no arregla todos los problemas de la UE a corto plazo, pero que incluye mejoras útiles', ha comentado resignado Hubert Védrine, ministro francés de Exteriores y uno de los artífices del polémico texto aprobado por los Quince en diciembre. 'Es la hora de encontrar una solución', ha dicho Védrine. Frente a él, apoyado por Alemania, Reino Unido o Suecia, ya hay otros Gobiernos que, como el belga, apuestan por dar por muerto Niza, cuyo contenido no satisfizo plenamente a nadie, y negociar otro tratado en paralelo al debate sobre el futuro de Europa.

Pero Niza resulta hoy imprescindible para seguir adelante con la ampliación de la UE a 12 nuevos miembros porque incluye las reformas mínimas para funcionar con más socios. Por eso, el no irlandés deja en entredicho todas las negociaciones de adhesión, que deben culminar a finales de 2002.

Pese al grave problema creado, las capitales europeas insisten en que no debe retrasarse la ampliación. Para eso, por ejemplo, los Parlamentos de los otros 14 Estados de la UE seguirán con sus planes para ratificar el tratado (el martes lo hará el francés), en la confianza de que el caso irlandés tendrá una salida pactada.

Los líderes europeos tenían previsto dar en Gotemburgo un claro espaldarazo político a la ampliación, insistiendo en que las negociaciones debían terminar en 2002 de forma que los primeros países que se incorporen en la Unión puedan participar ya en las elecciones a la Eurocámara de 2004. También querían ratificar el detallado calendario de esas negociaciones, origen en parte del pulso perdido por España frente a Alemania.

Ahora, con el disgusto llegado desde Dublín, los jefes de Estado o de Gobierno están forzados a hacer una declaración mucho más explícita de su fe en la ampliación. Algunos Gobiernos, como el español, pueden ver ventajas en esa posibilidad. Madrid no ha ocultado nunca su rechazo al calendario, porque bajo su periodo de presidencia de la UE (primer semestre de 2002) debe negociar los capítulos más sensibles para Madrid: la política agrícola, los fondos de ayudas regionales y las disposiciones financieras y presupuestarias.

Si el ministro Brian Cowen pasará mañana un mal rato en Luxemburgo, no será mejor la situación de su colega español, Josep Piqué, si finalmente no logra que Alemania, apoyada por Francia y Holanda, ceda en su negativa a suscribir un documento en el que al menos se reconozcan que la llegada de Estados más pobres a la UE supondrá un grave problema para regiones que hoy reciben ayudas.