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El 50% de los certificados del Registro Civil podrá obtenerse por Internet

El nuevo plan de informática judicial prevé un gasto de 4.000 millones

La inversión prevista asciende a 4.000 millones de pesetas, de los que 1.100 millones se gastarán este mismo año. El plan permitirá dotar a cada uno de los funcionarios, jueces, fiscales y secretarios judiciales (2.500 personas en total) con un ordenador de última generación. La apertura a la red se hará en tres fases.

El departamento ha abierto un portal (www.justizia.net) donde los ciudadanos pueden obtener información sobre los edificios judiciales y los servicios que ofrecen. La previsión es que tras el verano puedan solicitar certificados al Registro Civil. Lo que los ciudadanos no podrán hacer es inscribir a sus hijos recién nacidos a través de Internet, ya que por ahora es necesaria la presencia física de los padres en la sede judicial para aportar otros documentos, como el certificado de nacimiento del hospital.

Este programa sigue la estela del plan Urban de la Unión Europea, destinado a la regeneración de ciudades en crisis y del que hasta ahora sólo se han beneficiado en Euskadi las localidades de Barakaldo (que recibió 1.800 millones de pesetas entre 1994 y 1999) y Pasaia (que obtendrá 2.000 millones para el periodo 2000-2006). La diferencia es que incluye también zonas no degradadas y, en el caso de las áreas desfavorecidas, la ayuda del Ejecutivo pasa del 50% que se establece en el programa comunitario al 75%.

La vicelehendakari en funciones, Idoia Zenarruzabeitia, destacó ayer la gran respuesta de los ayuntamientos vascos a este programa impulsado en diciembre pasado. Por ello, el Gobierno decidió ampliar su dotación inicial de 15.000 a 25.000 millones y ampliar el número de beneficiaron hasta 47 municipios. 'Por los criterios de mejor valoración sólo se hubieran beneficiado 18, pero hemos tenido en cuenta el esfuerzo de los ayuntamientos y se ha repartido el dinero mediante prorrateo', explicó. Se han aceptado 51 de los 58 programas presentados -se permitía uno por municipio, salvo las localidades de más de 50.000 habitantes- correspondientes a 47 de los 54 municipios solicitantes.

La vicelehendakari indicó que la exclusión de siete municipios que pidieron subvenciones (Abanto, Ibarrangelu, Azkoitia, Antzola, Lasarte, Oñati y Zumaia) se debe a que 'no han llegado a los criterios mínimos establecidos. La mayoría de ellos ha sido porque sus proyectos no eran integrales'. Además de esta característica, el programa establecía criterios de calidad, el carácter abierto y participativo además de la innovación. La inversión mínima por programa debía suponer 450 millones y la subvención del Ejecutivo no superaría en cada caso los 1.500 millones.

Dada la obligatoriedad de que los ayuntamientos participen financieramente en sus programas -el 25% en las áreas degradadas y el 50% en el resto-, la inversión total ascenderá a casi 37.000 millones de pesetas. Las actuaciones de revitalización que se subvencionarán son variadas: desde la construcción de viales y accesos o la recuperación de entornos degradados y cascos urbanos hasta la mejora del medio ambiente y la dotación de equipamientos sociales para mayores, jóvenes y colectivos desfavorecidos pasando por la rehabilitación de viviendas, la introducción de nuevas tecnologías de la información y el fomento de la actividad económica con nuevas empresas y cursos formativos.

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Infraestructuras urbanas Zenarruzabeitia señaló que más del 85% de la inversión total del programa se dedica a la recuperación o dotación de infraestructuras urbanas, aunque incidió también en la existencia de proyectos innovadores, especialmente en áreas no degradadas de Guipúzcoa, como San Sebastián o Mendaro. En cambio, los municipios vizcaínos beneficiados han apostado por programas de mayor contenido social, como centros de día y de atención a la Tercera Edad y colectivos desfavorecidos.

Por territorios, Vizcaya acapara el 66,2% de las ayudas, con más de 16.500 millones de pesetas, mientras que para Guipúzcoa se destinan casi 7.300 (el 29,2%) y Álava se queda con 1.164 millones (el 4,6% del total). Por comarcas, la Margen Izquierda es la más beneficiada, al lograr el 25% de la subvención global, con más de 6.400 millones, seguida por del Alto Nervión (Galdakao, Arrigorriaga, Basauri), con 2.871 millones y un 11,5% del total; el Bajo Deba (el área de Eibar y Elgoibar), con 2.646 millones y el 10,5%, y Bilbao, con 1.852 millones y el 7,4%. San Sebastián, Barakaldo, Bilbao y Portugalete son las únicas localidades que cuentan con dos programas subvencionados.

Además, Justicia ofrecerá en su página web información sobre subastas, un campo que en la actualidad pasa desapercibido para la sociedad por la ausencia de publicidad, lo que facilita que subasteros profesionales se adjudiquen los bienes a un precio muy inferior al real. Esta información centralizada pondría fin a la dispersión de datos que existe en la actualidad, ya que cada juzgado divulga sus subastas en boletines oficiales que son desconocidos para la gran mayoría de los ciudadanos. El 75% de las pujas se refieren a inmuebles.

En un segundo nivel, el departamento ha comenzado a desarrollar una intranet para que el personal de la Administración de Justicia pueda tramitar expedientes de una manera interna y tener información sobre cursos de euskera y otro tipo de formación. Los jueces, por su parte, dispondrán en su ordenador de un sistema que les permitirá conocer la situación de los procesos que lleva su juzgado.

El Gobierno está desarrollando además otro campo relacionado con Internet, en este caso para que los abogados y procuradores puedan conectarse a través de sus ordenadores con los juzgados, lo que permitirá agilizar los procesos judiciales y ahorrar papeleo. Estos profesionales podrán enviar documentación a través de Internet y, a la vez, conocer las fechas de las vistas y el reparto de casos, entre otras posibilidades. De momento, se está realizando una prueba piloto.

La directora de Relaciones con la Administración de Justicia, Inmaculada de Miguel, destacó que la seguridad en este tipo de comunicaciones está garantizada. 'Existe una especie de zona militarizada a la que nadie tendrá acceso. Podíamos haber implantado antes el sistema, pero no lo hemos hecho hasta tener todas las garantías de seguridad', destacó.

El consejero de Justicia en funciones, Sabin Intxaurraga, resaltó que la apuesta del Gobierno por informatizar la Justicia sitúa a Euskadi en un lugar 'privilegiado' respecto al resto de comunidades españolas y al mismo nivel que los países europeos más avanzados. 'Para el Gobierno vasco la Justicia es un servicio público, como la Educación o la Sanidad, y por lo tanto hay que ofrecérselo al ciudadano en las mejores condiciones', destacó.

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