El segundo nacimiento de J. J. Martínez

Menos de tres horas de deliberaciones necesitó ayer un jurado de Tampa (Florida) para dictar un veredicto de no culpabilidad en el juicio seguido contra el español José Joaquín Martínez por un doble asesinato que le había costado una condena a muerte en una vista anterior. Puede decirse sin eufemismo que Martínez ha nacido otra vez y que debe esa segunda vida, fundamentalmente, a sus padres, que no se rindieron a la fatalidad y removieron cielo y tierra para encontrar el dinero (unos cien millones de pesetas) necesario para contratar a un abogado solvente que intentase primero revocar la pena capital y luego obtener un veredicto de no culpabilidad.

Además de la actuación del abogado ha resultado decisiva la intervención de Amnistía Internacional y la movilización del Parlamento español, algo que seguramente ha sorprendido en Florida, donde las condenas a muerte suscitan una emoción más bien escasa. El segundo juicio ha permitido al abogado poner de manifiesto la insolvencia de las pruebas materiales y atribuir a motivos psicológicos -celos, despecho- los testimonios acusatorios, en particular el de la ex esposa del acusado, que fue quien lo denunció. Un hispano denunciado por su propia esposa les pareció a los policías que investigaban el doble crimen evidencia suficiente para abandonar otras líneas de investigación. Pero a la larga ha resultado que las irregularidades de la investigación que precedió al primer juicio y del juicio mismo han favorecido al acusado.

Se sabía por las estadísticas que el 7% de los condenados a muerte en Estados Unidos es inocente. Pero la revocación de la pena capital contra Martínez y la celebración de un nuevo juicio han permitido a los españoles asistir en directo a las singularidades de la justicia norteamericana, en la que las garantías de los procesados guardan una relación directa con el dinero que cuesta un buen abogado. Lo extraordinario del caso desde la perspectiva española es que lo que se inició como oposición de principio a la pena de muerte se convirtió, a la vista de las irregularidades y la falta de garantías, en convicción de la no culpabilidad de Martínez cuando el fiscal sustituyó la petición de pena capital por la de cadena perpetua. Ninguna de las pruebas presentadas por el fiscal tenía fuerza probatoria suficiente, al menos según los baremos europeos y según el veredicto de ayer.

Resulta escandaloso que en una democracia en tantos aspectos avanzada como la de EE UU se pueda condenar a una persona a la pena de muerte sin que existan puebas genéticas de ADN, rastros de sangre, huellas dactilares, etcétera, que la vinculen directamente con el crimen que se le imputa. Pero en EE UU eso es posible en una proporción estimable, y el abogado de Martínez ha tenido la excepcional oportunidad de poder demostrarlo. Al no existir el menor rastro de prueba material y directa de su participación en el doble crimen que se le imputaba, la no culpabilidad de Martínez, la absolución, era obligada.