El vencedor de las presidenciales de hoy recibe un Perú en situación desesperada

Han sido dos años de crisis política, estancamiento económico y parálisis de inversiones, pero los problemas del país andino vienen de mucho más lejos.

El informe anual de una prestigiosa ONG peruana recuerda, en su introducción, la terrible conclusión -'¡y no hay remedio!'- a la que llegó hace 400 años el cronista indio Guamán Poma de Ayala ante los abusos del orden colonial. La frase, dice, bien podría servir para expresar el sentimiento que produce el examen de los males contemporáneos de Perú. El resultado de los 10 años del Gobierno de Fujimori no puede ser más deprimente. Quien llegó al poder como el remedio que pretendía acabar con la violencia, la hiperinflación, el endeudamiento y la pobreza acabó dejando como herencia la peor de las enfermedades: la corrupción generalizada y el descrédito de la política y de las clases dirigentes.

Con la excusa de que había que acabar con la violencia de las guerrillas de Sendero Luminoso y el MRTA, Fujimori instauró la nueva era de la antipolítica, que se abrió paso con un autogolpe que disolvió el Congreso. Ciertamente, la paz volvió a Perú con el desmantelamiento de las dos organizaciones armadas, pero sin violencia el país andino no alberga mayores esperanzas para las grandes masas empobrecidas.

El régimen fujimorista instrumentalizó la pobreza: no sólo aumentó el número de pobres, sino que éstos se hicieron más dependientes, menos productores y menos ciudadanos.

La peor parte del drama peruano la ha llevado la población indígena de la sierra y de la selva. No podía ser de otro modo en un país donde el racismo tiene raíces profundas. El 70% de las víctimas del conflicto armado desde 1980 -irrupción de Sendero Luminoso- hasta abril de 1997 -fin de la toma de la Embajada de Japón por un comando del MRTA- pertenece a los pueblos andinos y de la Amazonia. La guerrilla y los mayores operativos de represión contrasubversiva tuvieron lugar en zonas rurales. Durante la última década, en ningún año los índices de pobreza bajaron del 50%. En departamentos como Ayacucho, Apurímac y Huancavelica, el porcentaje ha llegado hasta el 75.

Entre 1980 y 1990, el gasto social cayó del 4,6% del producto interior bruto al 2,8%. El gasto en salud es una cuarta parte del promedio de América Latina (0,6%, contra el 2,4% del PIB). En el régimen de Fujimori prevaleció el clientelismo y la manipulación de los sectores más pobres a través de una política asistencial de 'papá Estado': comedores populares, programa del vaso de leche, clubes de madres... A falta de empleo, la única posibilidad de subsistencia de amplios sectores de la población depende de los programas de apoyo alimentario que el fujimorismo convirtió en instrumento de control social y manipulación política.

Los siguientes datos ilustran los 'logros' de la última década. La deuda pública en el año 2000 era de 19.147 millones de dólares. Diez años antes, al final del Gobierno de Alan García, era de 18.934 millones de dólares.

En el sector de la vivienda, el 49,6% de las casas tiene el suelo de tierra; el 31,1%, el techo de material precario; el 37,8% carece de servicios higiénicos y el 20,5% usa pozo ciego. Sólo el 43,1% tiene canalización de agua, y el 55%, alumbrado eléctrico. El 7% de los hogares peruanos tiene teléfono.

Para reactivar la agricultura hace falta una inversión del orden de 5.000 millones de dólares, según pusieron de manifiesto varios economistas en un reciente debate. Dicha cantidad no la tiene ni el sistema financiero peruano en su conjunto, por lo que habría que recurrir al sistema financiero internacional. En este precario contexto, ambos candidatos -Alan García, primero, y Alejandro Toledo, después- han planteado la necesidad de un Banco Agrario. Como consecuencia de la reforma agraria del régimen del general Juan Velasco Alvarado, puesta en marcha en 1969, la propiedad de la tierra está muy fraccionada en fincas de pequeñas dimensiones. La Ley Agraria expropió sin excepción las fincas de más de 150 hectáreas de tierras de regadío. Entre 1969 y 1979, 350.000 familias recibieron nueve millones de hectáreas. Pero fue imposible dar tierra a todo el mundo y muchos peones rurales quedaron excluidos. La opción para la mayoría de estos últimos fue abandonar el campo, lo que dio paso a una gran ola migratoria a Lima en los años setenta.