La Sindicatura descubre un presunto fraude en la Diputación de Lleida

El informe fiscaliza la gestión del Organismo Autónomo de Gestión y Recaudación de Tributos Locales de la Diputación de Lleida (OAGRTL), que recauda los impuestos municipales de la provincia, y se suma a otros estudios recientes de la Sindicatura que han salpicado la gestión del Gobierno catalán. En el último mes esta institución ha entregado al Parlamento autonómico sendos informes que revelan irregularidades en la gestión del Consorcio de Turismo y de la Fundació Catalana per a la Recerca (FCR), la entidad que creó el buscador de Internet Olé.

En las conclusiones del informe que ayer difundió Ràdio Barcelona, la Sindicatura subraya que en el organismo recaudador de la Diputación de Lleida se han producido entre 1995 y 1999 'casos de utilización presuntamente fraudulenta de los fondos públicos que han puesto de manifiesto las debilidades de los controles internos del organismo'.

En el periodo fiscalizado el responsable de la gestión de la entidad, en tanto que presidente de la Diputación de Lleida, era Josep Grau, que fue cabeza de lista de Convergència i Unió (CiU) por Lleida en las autonómicas de 1999. Tras las elecciones, Grau fue nombrado consejero de Agricultura del Gobierno de Jordi Pujol. Grau evitó ayer realizar manifestación alguna sobre el contenido del informe y sus portavoces remitieron a las alegaciones que presente en su día la Diputación de Lleida.

La Sindicatura también pone de manifiesto que 'no ha observado transparencia en la gestión' de la entidad y advierte de otras anomalías. Entre otras, destaca que tres altos cargos de la Diputación y dos interventores no vinculados al organismo percibieron un complemento de productividad de entre dos y tres millones en 1998 y exige que 'no se retribuya a personal que no trabaja para la entidad'. También halla descoordinación y denuncia un 'uso abusivo' de las cuentas de recaudación y de las tarjetas de crédito.

Según la Sindicatura, la Diputación de Lleida, a través de su organismo recaudador, dejó prescribir entre 1995 y 1999 impuestos por un valor de 1.513 millones de pesetas, más del 3% del total de los tributos que debía gestionar. Esta cantidad va en detrimento de los municipios de la provincia, que dejan de percibir unos ingresos que les corresponderían.

La Sindicatura apunta que las prescripciones se han producido como consecuencia de la 'no utilización eficiente y diligente' de la Administración.