Las cajas andaluzas estallan en el punto de fusión

La brevísima historia del más importante acuerdo alcanzado en 19 años de autonomía andaluza entre el PSOE y el PP tuvo ayer un epílogo tan crispado como su prólogo. Tras dos años de exacerbada polémica sobre las cajas de ahorros de la comunidad, los dos principales partidos de Andalucía retomaron ayer con mayor virulencia si cabe un duro cruce de reproches a cuenta del sistema financiero andaluz y echaron por tierra el principal objetivo del pacto firmado hace 15 días: el de evitar el enfrentamiento político sobre estas entidades.

El PP fue el que el pasado jueves rompió el acuerdo de manera unilateral y sin advertir antes al PSOE, que se enteró por los periodistas. La presidenta popular, Teófila Martínez, justificó la quiebra por la decisión tomada horas antes por los representantes socialistas en el Consejo de Administración de Caja San Fernando (entidad con sede en Sevilla) de solicitar una reunión extraordinaria para revocar un acuerdo anterior, en el se aprobó paralizar la renovación de los órganos de gobierno al aprobarse la fusión con El Monte, la otra caja con sede en la capital andaluza. Según Martínez, este paso vulneraba uno de los puntos del acuerdo en el que se hablaba del 'respeto a la autonomía de las cajas'. El argumento ha sido considerado por Manuel Chaves como una 'irresponsabilidad política' y como una señal de que el PP prepara una estrategia de crispación en Andalucía.

La unión financiera de estas dos entidades, que han firmado un proyecto de fusión en AlCaja (que se convertiría en la undécima caja de España por activos), ha sido, casi desde que se aprobó la ley de Cajas de Ahorros de Andalucía en diciembre de 1999, el elemento sobre el que ha girado esta polémica con ribetes surrealistas y con un potente entramado de intereses relacionado con esas dos entidades. Los presidentes de esas cajas y militantes socialistas, Isidoro Beneroso (El Monte) y Juan Manuel López Benjumea (San Fernando) accedieron a esos cargos hace 15 años por el apoyo de su partido, respaldo del que carecen ahora como señaló Manuel Chaves el pasado domingo: 'En estos momentos son presidentes que no gozan de la confianza del PSOE y, por supuesto, de la mía como presidente de la Junta de Andalucía'.

Desde que se inició el debate de la ley de cajas de ahorro, Beneroso y Benjumea han hecho suyo el lema de 'resistir es ganar' y han jugado, como expertos estrategas militares, todas las cartas posibles, uniendo al potente lobby sevillano (empresarios, partidos, sindicatos, cámaras de comercio, medios de comunicación...) en defensa de la fusión. Los socialistas sevillanos, remisos en un primer momento a apoyar el acuerdo, ya que la tesis del Gobierno andaluz y de la dirección regional del PSOE era propiciar la concentración de las seis cajas andaluzas en una sola, se vieron abocados por 'necesidades políticas' a apoyar la fusión. Y en este giro ha sido el alcalde de la ciudad y representante en el consejo de San Fernando, el socialista Alfredo Sánchez Monteserín, el que les brindó una cobertura mediática a la que Manuel Chaves se ha negado.

Este cambio provocó fuertes discrepancias internas en el PSOE de Andalucía, comunidad en el que las inercias provinciales siempre están a flor de piel. Los socialistas andaluces no acuerdan una estrategia clara a seguir hasta mediados de febrero, cuando su máximo órgano entre congresos aprueba una resolución en la que se defienden las fusiones parciales como paso previo para la creación de una gran caja andaluza.

A trancas y barrancas y con algunas intervenciones por libre de la consejera de Economía y Hacienda, Magdalena Álvarez, que llega a decir en Málaga que la fusión de las cajas sevillanas sería 'insolvente', las direcciones del PSOE andaluz y sevillano pactan con los presidentes de las dos cajas su apoyo a la fusión y el inicio del proceso de renovación. Un acuerdo que habla de la voluntad socialista por resolver el embrollo, ya que la ley obliga, en todo caso, a la renovación. Pieza clave de este pacto fue el hecho de que los presidentes de las cajas garantizaran al PSOE sevillano que su representación en los nuevos órganos sería superior a la que le correspondería por su peso institucional, a través de los impositores.

Beneroso y Benjumea han seguido adelante con la unión, pero no han movido ni un papel para cambiar los órganos de gobierno, al contrario que el resto de entidades andaluzas, salvo la cordobesa CajaSur, controlada por el obispado.

No es hasta tres días antes de la firma, el 14 de mayo, del proyecto de fusión cuando se empiezan a conocer algunos datos sobre la gestión de Beneroso y Benjumea, a los que el Banco de España advierte en sendas actas del 5 de abril de la 'concentración de riesgo inmobiliario' de sus entidades y hace observaciones sobre un plan de pensiones para tres directivos de El Monte por valor de 1.600 millones de pesetas. La publicación de estos informes (que la prensa editada en Sevilla, salvo una excepción, silenció) fue considerada por los presidentes de las entidades como un intento de boicotear la fusión e, incluso, Beneroso envió una carta abierta al presidente de la Junta en la que, indirectamente, lo responsabilizaba de maniobrar en contra de las cajas.

La misiva supuso el punto y final de la condescendencia de la ejecutiva regional, que acusó a los presidentes de 'desleales' y de guiarse por sus 'intereses personales'. A partir de entonces, el PSOE ha dejado atrás sus ambigüedades y, como es propio en esa organización, ha llamado a rebato a los suyos para que actúen conforme las directrices de su secretario general.

La estrategia del PSOE pasa ahora por meter una cuña entre el dúo formado por Beneroso y Benjumea, a través de la caja San Fernando, donde ese partido tiene mayoría, y obligar a la renovación de los órganos.

El argumento que está utilizando es que son los presidentes de las entidades los que con su actitud obstaculizan la aprobación de la fusión. La tesis jurídica de los socialistas es que si no se aplica la nueva representación institucional que prevé la ley de cajas, el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía puede incurrir en un acto de prevaricación al no exigir el cumplimiento de la norma autonómica.

Una vez roto el pacto político con el PP, que ha centrado con especial acritud su ataque en el alcalde de la ciudad, el serial sobre las cajas sevillanas no parece que vaya a tener un fin inmediato. Suspendido el diálogo, todo indica que la batalla final se dirimirá en los tribunales de justicia, justo el punto donde el PSOE no quiere llegar.