El Parlamento navarro exige se le retire a una empresa vasca la atención fiscal por teléfono

Los partidos de la oposición navarra han exigido al Gobierno de UPN que desprivatice el servicio de atención telefónica tributaria que desde el pasado mes de enero se encuentra adjudicado a la empresa vasca Atento Telecomunicaciones SA, con sede en Bilbao. El consejero de Economía y Hacienda, Francisco Iribarren, no ha logrado convencer a la oposición de las mejoras que este servicio externo ha aportado. Casi todos los partidos han expresado sus dudas acerca de la legalidad de que una empresa privada maneje datos confidenciales de los contribuyentes.

La actual campaña de la renta finalizará en Navarra a finales de junio. Todos los partidos (PSN-PSOE, EH, CDN, IU y Batzarre) excepto PNV-EA, que se abstuvo en la votación, han coincidido en expresar sus dudas sobre la conveniencia e incluso sobre la legalidad de ceder a una empresa privada un trabajo en el que se manejan datos confidenciales de los contribuyentes navarros. Los grupos parlamentarios consideran que el servicio debe aportarlo el organismo autónomo Hacienda Tributaria con personal propio de la Administración.

Francisco Iribarren tuvo que comparecer días atrás ante el Parlamento foral para explicar los motivos que llevaron a la concesión del servicio a la compañía Atento Telecomunicaciones, de Bilbao. El consejero explicó que en el año 2000 se realizaron 74.211 atenciones telefónicas relacionadas con Hacienda y que se concertaron 30.000 citas previas para completar la declaración de la renta, lo que supuso un aumento del 20% con respecto a las cifras de años anteriores.

Al tratarse de un servicio con un claro componente de estacionalidad y con puntas de trabajo difícilmente asumibles por el personal funcionario, el Ejecutivo navarro tuvo que elegir entre incrementar su tecnología y contratar masivamente a personal temporal o contratar un servicio externo, opción que fue por la que finalmente se decidió.

Colapso en la línea

La oposición no ha quedado convencida por los simples argumentos de eficacia en el servicio que, por cierto, no evitaron que durante las primeras jornadas de presentación de declaraciones en el mes de abril se colapsara el sistema telefónico habilitado para la cita previa. Este sistema tuvo entonces que ser reforzado, para lo cual se tuvo que destinar más personal y habilitar más terminales de atención.

El PSN-PSOE considera que la privatización de un servicio tan delicado como es el de la gestión telefónica tributaria no está justificado. Pernando Barrena (EH) ha expresado, al igual que lo han hecho otros grupos parlamentarios, su preocupación por la posibilidad de que empleados de la empresa Atento hayan tenido acceso a datos confidenciales de la Hacienda foral. Francisco Iribarren lo niega.

Miguel Nuin (IU) y otros portavoces han insistido en exigir al Gobierno navarro que en próximas campañas de la renta el servicio se preste como venía siendo habitual hasta ahora, desde el organismo autónomo y contando con el personal propio del mismo.

CDN recordó en su día que el decreto foral de 1999 por el que se aprobaron los estatutos de la Hacienda Tributaria de Navarra establecía en su artículo número 47 que la asistencia e información telefónica al contribuyente respecto a tributos cuya exacción correspondiese a la Hacienda Navarra era una función correspondiente a la sección de Información y Oficinas Territoriales del propio organismo.

Ceder datos a terceros

La empresa vasca se adjudicó el servicio por un precio unitario por hora/persona de 3.902 pesetas, IVA incluido. Algunos grupos recordaron que el Tribunal Constitucional ha señalado que el derecho a consentir la recogida y tratamiento de los datos personales no implica en modo alguno consentir la cesión de tales datos a terceros y el alto tribunal ha añadido que el interesado, en este caso cada contribuyente navarro, debe ser informado previamente de esa posibilidad, así como de las circunstancias y destino de los datos.