La decisión de la SEPI de suspender el pago de salarios agrava la crisis de Aerolíneas Argentinas

El conflicto de Aerolíneas Argentinas se complicó ayer con la decisión de la empresa de cerrar la puerta al pago de los salarios que adeuda desde el mes de abril, lo que apenas deja espacio para la negociación. Ayer, cuando se cumplía el plazo para hacer efectivas las remuneraciones de los 6.760 trabajadores de la plantilla, la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), que controla el 80% de la empresa, anunció en un comunicado que no cuenta con los recursos suficientes y pide al Estado argentino que haga los aportes necesarios para pagar los salarios. La respuesta del Gobierno argentino, a través del ministro de Justicia, Jorge de la Rúa, fue una advertencia de multa a la empresa española en el ejercicio 'del papel de policía laboral'. El Gobierno impuso un plazo para que se paguen los salarios, que concluye a medianoche de hoy miércoles.

La SEPI apela ahora al Estado argentino a que adelante, para el pago de salarios, la parte correspondiente que comprometió en octubre pasado cuando se acordó una capitalización de Aerolíneas por un monto de 650 millones de dólares. El Gobierno argentino aceptó desembolsar totalmente su parte (32,5 millones de dólares) en un plazo de dos años.

Los sindicatos, que excepto uno, estaban dispuestos a sentarse en la mesa de negociaciones con la empresa para reducir la reducción salarial y otras medidas contempladas en el plan director de la SEPI para sanear la empresa, estaban reunidos anoche, aunque diversas fuentes indicaron que no contemplan medidas de fuerza 'para no caer en provocaciones'. Con el paso dado ahora desde Madrid por los responsables de la parte española, se abre un escenario incierto, al tiempo que se agrava la situación desesperada de los trabajadores más necesitados.

La diputada y dirigente del sindicato de azafatas (AAA), Alicia Castro, señaló ayer que el problema de Aerolíneas trasciende a la empresa y se ha convertido un tema de Estado, por lo que reclama una negociación directa entre los Gobiernos argentino y español.