Los empresarios españoles esperan que Aznar les consiga más seguridad financiera en Rusia
El presidente del Gobierno cenó anoche en la residencia privada de Putin en Moscú
De hecho, los empresarios españoles pedirán hoy ayuda frente a esa situación al presidente del Gobierno, José María Aznar, que anoche llegó a la capital rusa.
'El Gobierno español debe ser más sensible con las peticiones de los industriales que quieren instalarse en Rusia, porque este país tiene una situación muy delicada que ofrece enormes perspectivas, pero también grandes riesgos', afirma José Quiles Navarro, presidente de Kelme, empresa alicantina de ropa deportiva que tiene una fábrica en la república rusa de Baskiria y otra en Bielorusia.
Ibarra, que insiste en que no puede tener ninguna queja de falta de respaldo de las autoridades españolas, sino todo lo contrario, ya que le resolvieron su grave problema en Chisinau en 48 horas, resume así la situación que debe afrontar cada día: 'Todos estos países, incluida Rusia, carecen de legislación adecuada, ninguno tiene Código de Comercio. Luego, la Justicia está ejercida por funcionarios sin medios y cuyas remuneraciones son escasísimas. Hay un problema muy grande en lo que es la ley, su cumplimiento y la ejecución de ese cumplimiento'.
El directivo de Unión Fenosa sabe de qué habla, ya que no sólo preside la filial española que se encarga de toda la distribución de energía eléctrica en Moldavia, con una plantilla de 4.000 trabajadores y una inversión realizada de más de 1.200 millones de pesetas, sino que ha cerrado un acuerdo estratégico con Itera, la segunda compañía de gas de Rusia, para una planta de licuefacción en el Mar Negro.
Las secuelas de esa debilidad institucional de la que hablan los empresarios españoles en el contexto de unos países faltos de motivación y sobrados de burocracia son la corrupción, la arbitrariedad permanente y toda la retahíla de problemas, incluida la indefensión frente a los frecuentes impagados, que explican que, pese al interés político desarrollado desde hace ya una década y al reconocimiento unánime de que las oportunidades son enormes, las relaciones económicas hispano-rusas no despeguen.
Con una balanza comercial modesta de unos 400.000 millones de pesetas, que en sus dos tercios son importaciones españolas de productos energéticos, y unas cifras de inversión que nunca alcanzaron los 2.000 millones de pesetas anuales y que por lo general han sido simbólicas, la presencia de España en Rusia se concreta todavía en sólo unas 40 pequeñas y mediana empresas.
Un objetivo básico de la visita que Aznar inició ayer a Moscú es dar un vuelco a esa tendencia y lograr que la economía siga a la política de especial atención con la que el presidente ruso, Vladímir Putin, ha querido distinguir a España.
El presidente del Gobierno y su esposa, Ana Botella, que fueron recibidos en al aeropuerto por el viceprimer ministro ruso, Viktor Jristenko, cenaron anoche con el matrimonio Putin en su residencia privada del jefe del Estado ruso en los alrededores de Moscú. Únicamente el primer ministro británico, Tony Blair, y el canciller alemán, Gerhardt Schröder, habían merecido hasta ahora una invitación tan íntima.
El diario moscovita Vremia ha señalado que la preferencia de Putin por España se debe a la moderación con la que el Gobierno español ha criticado la intervención rusa en la república de Chechenia.
José María Aznar volverá a entrevistarse hoy con Putin, pero antes tendrá que escuchar las demandas de un centenar largo de empresarios españoles con los que desayunará. No podrá darles de inmediato una respuesta satisfactoria. Las dos principales garantías que los empresarios piden, un acuerdo de protección mutua de inversiones y otro para convertir en inversiones cerca de 350.000 millones de deuda rusa con España, no están preparados para la firma. El primero, porque Moscú no lo quiere cerrar hasta que su situación en la Organización Mundial de Comercio no quede clara, y el segundo porque se está empezado a negociar. Durante esta visita de Aznar los únicos acuerdos que se firmarán serán uno sobre transporte marítimo y otro de transporte por carretera.
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