El Tribunal de Cuentas aprecia indicios de daño a las arcas públicas en los gastos del alcalde de Madrid

Esos indicios llevan al consejero de Cuentas a considerar que 'resulta procedente, para una mejor defensa de los intereses del erario público, que por la comisión de gobierno [del Tribunal] se nombre delegado instructor, como mantiene el fiscal'. El auto del consejero de Cuentas eleva las actuaciones a la Sección de Enjuiciamiento, que será quien deberá encauzar su propuesta a la comisión de Gobierno. La investigación se centrará en si es legal, como hizo el alcalde, gastar hasta 12 millones sin factura alguna o pagar con dinero público viajes particulares junto a su esposa, hacer donativos periódicos a la costurera de su mujer, comprar un televisor para el hogar del jubilado de un pueblo de Guadalajara donde se estaba construyendo un chalé o regalar joyas a personas cuya identidad no ha facilitado aún. El PSOE considera que el alcalde debería devolver 44 millones de pesetas por gastos irregulares. Hace más de un año, Álvarez del Manzano optó por devolver 215.374 pesetas de dos viajes particulares a Mallorca y Sevilla que había pagado con dinero público por un supuesto error atribuido a su jefe de protocolo.

La ley del Tribunal de Cuentas define la irregularidad detectada, el denominado alcance de caudales, como 'saldo deudor injustificado de una cuenta o, en términos generales, la ausencia de numerario o de justificación en las cuentas que deben rendir las personas que tengan a su cargo el manejo de caudales o efectos públicos'. El Tribunal no ha hallado hasta el momento indicios de malversación de caudales, que es 'la sustracción, o el consentimiento para que ésta se verifique, o su aplicación a fines propios o ajenos por parte de quien los tenga a su cargo'.

El consejero de Cuentas que ha investigado los gastos del alcalde, Antonio del Cacho, fue nombrado en su día a propuesta del PP. Un año después de que el PSOE llevara ante el Tribunal de Cuentas el supuesto uso indebido de fondos públicos por Álvarez del Manzano, Del Cacho ha observado indicios de daños al erario público. Según la normativa del Tribunal de Cuentas, podía haber decretado el archivo de las actuaciones si hubiera entendido que los hechos investigados no revestían 'manifiestamente el carácter de alcance'.

El auto firmado por el consejero Del Cacho señala que los gastos del alcalde de Madrid 'pueden ser constitutivos de un alcance de caudales o efectos públicos, por lo que para una mejor defensa de los intereses del erario público, resulta procedente que por la comisión de gobierno se nombre delegado instructor, como mantiene el ministerio fiscal, para que se proceda a las prácticas prevenidas en el artículo 47 de la ley de funcionamiento del Tribunal de Cuentas'. Del Cacho se blinda al recordar que el fiscal, 'examinadas las actuaciones', el pasado 5 de abril, llegó a su misma conclusión, y solicitó también el nombramiento de un delegado instructor para realizar las citadas pesquisas.

Las actuaciones que deberá afrontar el instructor no son otras que 'la práctica de las diligencias oportunas en averiguación del hecho y de los presuntos responsables, a no ser que se considerasen suficientes las practicadas con anterioridad'. También podrá poner el asunto en manos de los tribunales ordinarios si apreciara 'indicios de responsabilidad criminal'. Y podrá exigir la 'liquidación provisional del alcance, previa citación de los presuntos responsables'. O requerirles 'para que depositen o afiancen el importe provisional del alcance'.

El delegado instructor puede, incluso, decretar el embargo de la cantidad en que cifre provisionalmente el daño producido al erario público por el investigado. Tiene dos meses para practicar tales pesquisas, prorrogables por otro mes si hay causa motivada para ello. Concluido el sumario, el Tribunal de Cuentas podrá optar por el archivo o llevar a juicio al alcalde de Madrid.

El auto detalla como tras un intento fallido de recurso del Ayuntamiento de Madrid sobre esta investigación preliminar, en marzo pasado entregó los documentos pertinentes para la defensa del alcalde, y el pasado 5 de abril 'el representante procesal de don José María Álvarez del Manzano presentó escrito por el que se persona' en la acción pública emprendida por el PSOE hace un año. El tribunal forzará al regidor a que explique lo que no logró la oposición: el detalle de cómo y con qué criterios gastó más de 60 millones de su cuenta restringida y a qué personas y organismos fue el dinero. El auto es recurrible en súplica.