Viajes, joyas y un televisor

El PSOE planteó en su denuncia ante el Tribunal de Cuentas que la cuenta restringida del alcalde (unos siete millones anuales) se había convertido en un 'fondo reservado, no sujeto a ningún control administrativo'. Y denunció que se había producido un alcance o malversación de caudales. Pidió la devolución de 44 millones de los más de 60 que gastó José María Álvarez del Manzano sin control del interventor. El alcalde, según el PSOE, incurrió en dos tipos de inaceptable justificación: a veces no usó ninguna factura como soporte de pagos hechos con tal cuenta restringida. Gastó más de 12 millones sin más justificante que un 'recibí' de sus subordinados. En otros casos, presentó factura, pero sin justificación legal del gasto. Es el caso de los más de cuatro millones en viajes de su esposa como acompañante -carente de estatus jurídico para ello- en sus desplazamientos oficiales como alcalde y el de las más de 300.000 pesetas en desplazamientos privados del alcalde y sus familiares a Sevilla, Mallorca, Badajoz o Jarandilla. Tras el escándalo, el regidor reintegró el coste de los dos primeros.

El PSOE también denunció regalos en joyas sin destinatario conocido por más de 341.000 pesetas. Además consideró ilegal la entrega de donativos sin respetar los cauces establecidos por más de 29 millones. La generosidad del alcalde tocaba a sus próximos: a veces era el regalo de un televisor para el centro de jubilados del pueblo donde construyó su chalé-molino (Valdearenas, en Guadalajara). Pensionistas que tienen incidencia en sus problemas urbanísticos, ya que, al ser concejo abierto (suman 60 habitantes), han de juzgar las denuncias sobre presuntas irregularidades de su mansión presentadas por sus vecinos. En otras ocasiones, el alcalde usó dinero del Ayuntamiento para realizar donativos a la ex costurera de su mujer.

Cuando estalló el escándalo, el alcalde rehusó detallar sus gastos. Aseguró que no se quedó ni una peseta; que era una cuenta de uso discrecional y que la tenían alcaldes, presidentes autonómicos y ministros, instituciones que negaron tal privilegio.