Una sentencia considera que Bergé no es responsable del impago de salarios a 35 empleados de Naviera Peninsular

El grupo Bergé, que mantiene varios frentes judiciales abiertos contra Naviera Peninsular, a la que acusa de venta fraudulenta, ha recibido una sentencia positiva. El fallo del Juzgado de lo Social número tres de Bilbao exime a Bergé del impago de salarios y la falta de ocupación que denunciaron ante los tribunales 35 empleados de Servicios Auxiliares Rontealde, una de las empresas integradas en Napesa, el grupo de Naviera Peninsular, comprado en marzo de 2000 por Bergé.

Este grupo difundió ayer el fallo, dictado el pasado 27 de abril, y por el que se condena a Naviera Peninsular, que está en quiebra, a pagar a los 35 trabajadores un total de 83,8 millones de pesetas en concepto de indemnización por despido improcedente.

En sus fundamentos de derecho, la sentencia considera que se ha producido en Naviera Peninsular 'un grave incumplimiento por parte del empresario de sus obligaciones [...] en concreto, no darles ocupación efectiva', unido al impago de salarios.

El juzgado exime de responsabilidad a Bergé y considera probado que Naviera Peninsular, antes y después de la venta, ha funcionado con el mismo administrador y equipo directivo. El fallo agrega que Bergé en ningún momento ha controlado la actividad diaria de Napesa.

La juez da así la razón en parte a Bergé, que mantiene que ha existido una quiebra de confianza entre empresas. El grupo catalán, a través de su filial Nor Shipping, compró en marzo de 2000 Naviera Peninsular por 2.000 millones de pesetas, de los que abonó 1.200, a la espera de realizar los estudios de viabilidad que meses después reflejaron que el valor de Napesa era de entre menos 745 y 1.219 millones de pesetas.

Bergé presentó el 8 de noviembre de 2000 una demanda contra la familia Acha, dueña de Naviera Peninsular, solicitando la declaración de nulidad del contrato de compraventa. El 15 de febrero, un juzgado declaró la quiebra de Naviera Peninsular con efectos retroactivos a 1 de abril de 2000. En medio del conflicto, han quedado atrapados 637 acreedores, una plantilla de 100 empleados y 63 marineros cubanos subcontratados que permanecen en varios puertos españoles esperando que se les paguen los salarios atrasados y se les repatríe a Cuba.