Hacienda considera que el déficit cero se ha de aplicar también al País Vasco

El Ministerio de Hacienda está convencido de que el País Vasco y Navarra no son diferentes al resto de comunidades en cuanto a la gestión del gasto público. Por ello, sostiene que la nueva Ley de Estabilidad Presupuestaria -pendiente de tramitación parlamentaria-, en aspectos como el déficit cero y los procedimientos y sanciones previstos, también se ha de aplicar en las haciendas forales sin distinciones de fondo respecto del resto de comunidades.

El secretario general técnico del Ministerio de Hacienda, Francisco Uría, explicó ayer, durante su participación en un curso organizado por el Instituto de Estudios Fiscales, que no existen dudas constitucionales al respecto.

En una sentencia de febrero de 1984, el Constitucional 'dejó clara' la prácticamente plena autonomía del País Vasco y Navarra en cuanto a los ingresos, pero no respecto de los gastos. A diferencia de las demás comunidades, las Haciendas Forales del País Vasco y de Navarra recaudan en su territorio y pagan al Estado central (el denominado cupo) por los servicios que éste presta en esas comunidades.

En la práctica, el sometimiento a la Ley de Estabilidad significará que ambas comunidades deberán poner sobre la mesa del Consejo de Política Fiscal y Financiera sus presupuestos, que éstos han de ser equilibrados y que, en caso de que exista déficit, se presente debidamente justificado y con un plan de saneamiento. Hasta que se apruebe la ley, las relaciones financieras entre la Administración central y las dos comunidades se desarrollan de forma bilateral. Después, habrá una especie de 'puesta en común'.

El País Vasco y Navarra serán, a estos efectos, como las demás comunidades y, por tanto, sus operaciones de endeudamiento a corto y largo plazo deberán contar con la autorización del Gobierno central. Ahora, el Consejo de Ministros sólo puede vetar o autorizar los préstamos del exterior y las emisiones de deuda de las comunidades autónomas.

En el mismo curso, el director general de Presupuestos, Jaime Sánchez Revenga, hizo por primera vez una estimación oficial del denominado déficit estructural; es decir, aquel que depende del ciclo económico. Lo situó en el 0,8% del PIB en 2000 (unos 800.000 millones), frente al 0,9% como media de la UE.