El Congreso reclama al Gobierno una ley que asegure el acceso gratis a Internet en colegios y hospitales

El Congreso de los Diputados aprobó ayer por unanimidad exigir al Gobierno que declare Internet servicio público universal, facilitar el acceso de los hogares 'con tarifa plana y a precio asequible' los servicios de acceso a la Red y garantizar el suministro gratuito a la red de redes para los centros educativos y sanitarios. Todos los grupos, incluido el PP, respaldaron esta iniciativa del Grupo Socialista.

La proposición aprobada ayer también defiende la mejora de las líneas de telefonía rural de acceso celular (conocida por las siglas TRAC), sustituyendo paulatinamente este sistema implantado por Telefónica por 'un sistema que permita el acceso a la red (de Internet) a una velocidad y calidad adecuadas para toda la población, independientemente del lugar de residencia'. En concreto, y según la proposición no de ley, se trataría de garantizar 'el suministro de telefonía fija en los hogares a precio asequible' y con un ancho de banda capaz de transmitir fax y datos a una velocidad de unos 33.600 bps.

El PSOE, como promotor de la iniciativa, se felicitó ayer especialmente porque el Parlamento inste al Gobierno a 'promover el acceso gratuito' a Internet para escuelas y hospitales. Este servicio gratuito deberá incluir 'servicios de navegación, transferencias de ficheros y correo electrónico de calidad'.

El Gobierno es partidario de incluir Internet en el llamado servicio universal de las telecomunicaciones y tiene listo ya un borrador de ley. Sin embargo, uno de los principales obstáculos para su implantación es determinar cómo y quiénes lo van a financiar. Esa tarea le corresponde a la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT).

El regulador tiene que determinar, en primer lugar, si el fondo para la financiación del servicio universal que prevé la Ley General de Telecomunicaciones debe financiarse sólo con aportaciones de las compañías de telefonía fija o también de las móviles en función de sus ingresos. En principio, el regulador se decanta por establecer que un 1% de los ingresos de todos los operadores vayan al fondo, cifra que Telefónica eleva al 6%. La compañía que preside César Alierta estima en unos 190.000 millones de pesetas el coste del actual servicio universal, es decir, la garantía de acceso a un teléfono fijo. Además, la operadora ha cifrado en 120.000 millones el coste de sustituir el TRAC por otro sistema que permita acceder a Internet en las regiones donde está más extendido (Galicia, País Valenciano y Andalucía).