El discurso real y la responsabilidad política

Uno de los usos constitucionales de la democracia española consiste en que las manifestaciones públicas del jefe del Estado no han de entrar en contradicción con la política del Gobierno de la nación. Este principio no escrito aconseja que sea precisamente el Ejecutivo el que suministre el material para los discursos del Monarca, que, de alguna forma, renuncia así a tener voz propia en determinados asuntos. Por ello, la responsabilidad política de lo que en estas intervenciones se diga recae exclusivamente sobre el Gobierno.

En consecuencia, no se equivocó el Rey cuando el pasado 23 de abril, durante la lectura del discurso pronunciado en el acto de entrega del Premio Cervantes, afirmó que el castellano nunca había sido lengua de imposición. Fue el sentido de la responsabilidad del Monarca el que le hizo leer un texto que venía avalado desde el Ministerio de Cultura. Pero sí se equivocaron, y gravemente, quienes redactaron el discurso y quienes, en el Gobierno, debían haber valorado la falsedad histórica que encierra la frase, así como el enorme error que supone introducirla en una intervención pública del jefe del Estado.

Porque es evidente que todas las lenguas en sí mismas constituyen un vehículo de comunicación y un factor trascendental en cualquier proceso de integración social. Pero muy distinto es el uso -o abuso- que de ellas haga el poder político y administrativo, cuando decide imponerlas en contra de la voluntad de los pueblos. Y es innegable que dicha imposición se produjo tanto en España como en América respecto al uso del castellano. Sin embargo, el gran encuentro constitucional de 1978, cuyos valores representa este rey de España, vino a cerrar este proceso reconociendo y amparando las diversas lenguas oficiales del Estado. Y es exclusivamente en este sentido, respecto al Rey y la distinción entre el valor de la lengua y su uso, que puede ser autoritariamente impuesto, como deben entenderse las manifestaciones del portavoz del socialista que firma este artículo.

Aunque, más que de un error por parte del Gobierno, las posteriores declaraciones del señor Aznar, negándose a rectificar y acusando de 'flojera' política a quienes habían osado criticar la frase del discurso, inducen a creer que se trata de una maniobra absolutamente premeditada, y no de un mero desliz. Así, de la misma manera que el ministro de Justicia introducía al jefe del Estado en sus penosos argumentos en contra de la revisión del indulto a un juez prevaricador, desde el Gobierno se trataría, en este caso, de utilizarlo de forma partidista en plena campaña electoral vasca. Y, por si quedaba alguna duda acerca de la autoría del discurso, la propia ministra de Cultura, en un derroche de arrogancia iletrada, vino a dejar claro quién lo inspiró: negar, como hizo la señora Del Castillo, que, durante varias décadas de nuestro pasado reciente, en España se prohibió hablar en catalán, euskera o gallego, demuestra, o bien una ignorancia intolerable en el máximo responsable de la política cultural del Gobierno, o bien un cinismo hiriente para la memoria histórica de muchos españoles. Por supuesto, después no han faltado fieles seguidores, como el flamante director del Instituto Cervantes, dispuestos a justificar el cargo con declaraciones de apoyo incondicional.

Por todo ello, es preciso denunciar los intentos de manipulación de la figura del Rey que desde el Partido Popular se están realizando, y recordar que don Juan Carlos se ha distinguido por su absoluto respeto hacia la pluralidad lingüística del Estado español. Un respeto que, lamentablemente, no se encuentra en un partido cuyos máximos dirigentes se permiten afirmar que el euskera es una lengua de museo, o que sonreían complacidos ante sus seguidores cuando éstos, en plena euforia por un triunfo electoral, exhortaban al presidente de la Generalitat de Cataluña a expresarse en castellano, insulto incluido.

Lo que se percibe con claridad detrás de estas actitudes es la concepción homogénea y centralista que el Partido Popular tiene del Estado, así como un notable desprecio por la riqueza y variedad cultural que contempla y protege la Constitución Española. Sin duda, nadie les niega el derecho a seguir considerando España como Una, Grande y Libre, pero resulta inadmisible que para defender su modelo centralista traten de instrumentalizar a una de las altas instituciones de la nación.

Carmen Chacón. Secretaria de Educación, Universidad, Cultura e Investigación del PSOE. Jesús Caldera. Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso de los Diputados.