Zabalgarbi no podrá iniciar antes del verano las obras de la incineradora

Pese a que Zabalgarbi dispone desde noviembre del último trámite fundamental, la licencia de actividad, el inicio de las obras de la polémica incineradora, que supone una inversión de 25.000 millones de pesetas, todavía sigue sin fijarse. 'Esperamos empezar pronto', aseguró ayer un portavoz oficial de la promotora, que tiene un 45% de capital público.

Zabalgarbi aduce que ha tardado cinco meses en presentar la solicitud de la licencia de obras debido a la elaboración del proyecto de urbanización en el área que ocupará la planta, en el vertedero bilbaíno de Artigas, y también por el desembolso económico que supone disponer de la licencia, una cantidad que superaría los 1.000 millones de pesetas.

Sin embargo, los promotores de la planta deberán esperar para el inicio de las obras. El área de Urbanismo del consistorio de Bilbao ya ha comunicado a Zabalgarbi que la licencia no se concederá hasta que esté aprobado el proyecto de urbanización, que conlleva además la presentación de avales económicos. 'Se está en los primeros pasos de proyecto de urbanización y cuando se termine, nos meteríamos con la licencia de obras. Esto todavía va a tardar', aseguraron fuentes municipales. Otros medios del Ayuntamiento consultados aseguraron que la concesión del permiso de obras dependerá más de los trámites administrativos pertinentes, que se pueden prolongar entre mes y medio y los dos meses. Estos plazos situarían la autorización para finales de junio o en julio.

Una empresa que trabaja en el área donde se ubicará la incineradora ha comunicado a un propietario de un caserío que la urbanización comenzará en junio y que para esa fecha debe derribar dos chabolas ubicadas en la zona afectada.

Esta nueva demora situaría la puesta en marcha de la incineradora -dado que las previsiones hablan de dos años de ejecución- para el segundo semestre de 2003, con dos años y medio de retraso sobre el plan que ha manejado siempre la empresa. Para entonces habrá sorteado el gran número de obstáculos a un proyecto gestado hace ocho años. El Gobierno vasco emitió una declaración de impacto favorable al proyecto condicionada al cumplimiento de cerca de 400 medidas, a las que se han unido otras medidas correctoras impuestas por el Ayuntamiento de Bilbao.

Esta infraestructura, al que sus detractores reprochan que pretende ser más una planta térmica que un sistema para eliminar basuras, es uno de los asuntos medioambientales más polémicos en el País Vasco. Ahora tiene dos denuncias en los tribunales presentadas por Izquierda Unida y Bizkaia Bizirik, la plataforma constituida expresamente contra el proyecto.

Protesta ecologista

Ayer, una quincena miembros de esta asociación mantuvieron una protesta frente a la sede del departamento foral de Medio Ambiente, en la que censuraron la 'doble moral' de su titular, María Esther Solabarrieta, 'recorriendo medio mundo al reclamar firmas para su declaración de medio ambiente y aquí en casa promoviendo la salida más cara, más contaminante de todas las posibles para tratar las basuras: incinerarlas'.

Bizkaia Bizirik asegura que éste es el único proyecto de incineradora promovido actualmente en España y censura, en una carta entregada ayer a Solabarrieta, los riesgos de esas instalaciones como 'hace algunos meses cuando la Comunidad de Madrid decretó el cierre de una de las tres líneas del hormo municipal de Valdemingómez debido la alta concentración de dioxinas detectada'.

La incineradora de Bilbao prevé quemar al año 228.000 toneladas de desechos de la basura doméstica de Vizcaya con el fin de producir energía eléctrica, para lo que la planta tiene una potencia de 90 megawatios. Se estima que la producción anual alcanzará los 700 millones de kilowatios/hora, el 42% de la demanda anual del sector doméstico en Vizcaya o, lo que es lo mismo, el 7,5% del total que se consume en el territorio.