Un juzgado abre diligencias para investigar el uso de ayudas a la formación en varias academias de Valencia

Averiguar si determinadas academias subvencionadas por la Generalitat han cometido irregularidades con el dinero público que han recibido para la formación está en manos del Juzgado de Instrucción número 8 de Valencia. La Fiscalía recibió la información sobre el caso del Juzgado de Lo Social número 8, donde se decidió que era improcedente el despido de una profesora de las academias afectadas que denunció el pago de cantidades inferiores a las que oficialmente constaban por sus servicios. En la sentencia, el juzgado llamó la atención de la Fiscalía sobre la conveniencia de investigar posibles irregularidades.

Tras analizar la sentencia, la Fiscalía ha remitido el asunto al Juzgado de Instrucción número 8 al apreciar indicios racionales de criminalidad. Éste, a su vez, ha abierto diligencias para investigar las posibles irregularidades. Se trata de determinar si varias academias de Valencia, algunas de las cuales tienen socios comunes, han desviado parte de los fondos públicos concedidos por el Consell para los cursos de formación hacia otras actividades no acreditadas. La investigación pretende aclarar si los profesionales contratados por las academias cobraban el dinero que figuraba en los extractos remitidos a la Generalitat o si han percibido menos. De ser así, los educadores afectados podrían superar los 120. También deberá aclararse si algún responsable del servicio de inspección del área de formación de la Consejería de Empleo conocía las actividades supuestamente irregulares de algunos de los centros subvencionados.

El titular de Empleo, Vicente Rambla, anunció recientemente más agilidad en la concesión de ayudas para la FP ocupacional, 'sin reducir el control sobre las subvenciones' y exigiendo más calidad a los centros beneficiarios. El consejero también prometió más transparencia a la hora de establecer el origen de las ayudas.