Economía de guerra

El Ministerio de Economía acaba de meterse en otro pantano político empresarial del que saldrá con pocas ventajas. La decisión de suspender los derechos políticos de voto de dos accionistas de Hidrocantábrico, la alemana EnBW y la portuguesa EDP, debido al carácter público de parte del capital de ambas compañías, parece contraria a las leyes más elementales de la economía de mercado y probablemente provocará un conflicto con las autoridades de la Comisión Europea.

España debe ser el único país europeo que incluye en su legislación-la Ley de Acompañamiento de Presupuestos del año 2000- el derecho de veto a las inversiones de capital público extranjero en empresas españolas de energía. Aunque en su día pudo explicarse como un sistema para proteger la privatización de las grandes empresas españolas, ya que no hubiese sido coherente ejecutar una privatización drástica para después colar el capital público por la puerta de atrás, lo cierto es que hoy sólo puede interpretarse como una muestra de intervencionismo sucio que no se sostiene en un mercado europeo abierto. Esta separación de capital público y privado parece propia de una economía de guerra fría que ya nadie sostiene en Europa, que ha provocado graves conflictos empresariales en España -recuérdese la fracasada fusión de Telefónica y la holandesa KPN- y que en nada beneficia a los consumidores.

La mayor preocupación de un Gobierno que se dice liberal debería ser renunciar al intervencionismo sobre el accionariado de las empresas y defender a capa y espada el correcto gobierno de las mismas. Pero poco cabe esperar de un Gobierno cuyo antecedente más próximo en el tiempo es tolerar un blindaje accionarial en la Empresa Nacional de Celulosas (Ence), una sociedad con un 51% de capital público, para limitar el derecho de voto al 24% de su accionariado. Y todo ello en el momento más inoportuno, poco antes de su privatización. Con estas prácticas resulta grotesco dar lecciones de liberalización a otros países cuyos Gobiernos no hacen cuestión política de la naturaleza pública o privada del capital de las empresas ni toleran el ventajismo accionarial de los blindajes en los consejos.