Competencia se muestra 'abiertamente' en contra del impuesto catalán a los hipermercados

La pugna legislativa en el sector del comercio entre la Generalitat de Cataluña y el Gobierno central se encona con el paso del tiempo. El actual informe del Tribunal de Defensa de la Competencia es otro argumento para el Ministerio de Economía que el pasado mes de marzo ya recurrió al Tribunal Constitucional contra un impuesto que, a su juicio, rompe la unidad fiscal del Estado español y va contra la libre competencia al penalizar a las grandes superficies con respecto a otras fórmulas de comercio.

La actual normativa no faculta al tribunal para imponer sanciones ni para revocar este impuesto, aunque es un elemento más en el argumentario del Ministerio de Economía contra este impuesto.

El enfrentamiento entre el Gobierno central y el de Cataluña es doble. Por un lado, el primero ha acudido al Constitucional por este nuevo impuesto a los hipermercados y, por otro, el Gobierno catalán hizo lo mismo con el decreto de horarios comerciales que aprobó el Gobierno central el pasado mes de junio. El Gobierno catalán de CiU siempre ha contado con una amplia base de votantes en el pequeño comercio y, por ello, ha tratado de penalizar a las grandes superficies para dar tiempo a la modernización de las pequeñas tiendas. CiU fue el inspirador de la actual Ley del Comercio, aprobada en 1996, y que Anged considera muy restrictiva para sus intereses.

Ayuda a los pequeños

El consejero de Economía, Arthur Mas, presentó el pasado día 3 de noviembre un tributo que pretendía recaudar unos recursos económicos que irían destinados a modernizar el pequeño comercio. El impuesto afecta a unas 80 empresas que cuentan con una superficie comercial superior a los 2.500 metros cuadrados en Cataluña. El impuesto, con el que el Gobierno catalán calculaba que podía ingresar unos 2.400 millones de pesetas es especialmente duro con las grandes superficies alejadas de los centros urbanos que ocupan un amplio espacio en una sola planta. El impuesto establece un baremo por metros cuadrados abiertos al público y por situación geográfica. El caso extremo era el de un establecimiento de 11.000 metros cuadrados de superficie comercial, fuera del casco urbano, con una sola planta, y al que sólo se puede acceder con vehículo privado que deberá pagar 82,5 millones de pesetas al año por este gravamen, que entró en vigor el pasado 1 de enero.

La aprobación de la nueva carga fiscal, aunque fue iniciativa de CiU, contó con el apoyo en el Parlamento catalán de otros grupos, incluso del PP, que de este modo quería lavar su imagen ante el pequeño comercio catalán por el decreto de libertad de horarios comerciales. Este último decreto movilizó al sector del pequeño comercio hasta el punto de plantearse cierres patronales.

El nuevo impuesto produjo un fuerte rechazo en las grandes superficies, que llegaron a amenazar con el desvío de inversiones fuera de esa comunidad. También llegaron a plantearse trasladar sus precios al coste del impuesto para que los pagaran los consumidores catalanes. El director general de Anged, Juan Arenas, criticó duramente la iniciativa catalana, que calificó de medida 'de estilo Robin Hood, ya que quita a los grandes para dárselo a los pequeños'. Arenas calculó que el nuevo tributo tendría un impacto de 5.000 millones de pesetas en el sector de grandes superficies y criticó que la implantación de este nuevo tributo podía suponer 'la desmembración del sistema fiscal central'. Arenas considera ahora que el informe aporta sensatez al debate y llama la atención sobre el riesgo de fractura fiscal, aunque no hizo más valoraciones para no generar más enfrentamientos.