El Gobierno se compromete a dar asilo a las niñas que huyen de la ablación

Khadra Hassan Farah, una mujer somalí, y su hija Hodan, de 10 años, huyeron en 1993 de Somalia para escapar de la ablación que amenazaba a la pequeña. Las autoridades canadienses de inmigración les concedieron el estatuto de refugiadas, porque el derecho de Hodan a su seguridad personal 'sería violado gravemente' si era devuelta a Somalia, un país en el que se extirpa el clítoris al 98% de la población femenina.

Fuaziga Kasinga era, en 1996, una inmigrante débil y sin recursos que huyó de las crudas condiciones de un campo de detención en Togo y alcanzó Estados Unidos. Alegó su temor a ser sometida a la mutilación genital y un juez de inmigración rechazó la petición de asilo porque su testimonio 'no merecía crédito'. El recurso de su abogado obligó a revocar la decisión y tras una larga batalla judicial se le concedió el asilo. En Suecia se acogió en 1997 a dos familias por el mismo motivo: el riesgo de mutilación genital de las niñas.

El Gobierno español parece dispuesto a seguir la misma senda contra el terrible ritual de la ablación. A la pregunta de si España acogerá a las inmigrantes que esgriman el riesgo de la ablación para lograr el permiso de residencia, Enrique Fernández-Miranda, delegado para la Extranjería y la Inmigración, responde: 'Por supuesto que atenderemos estos casos. Lo haremos sin duda alguna, aun con todas las dificultades que acompañarán este tipo de peticiones. Estas personas deben ser protegidas. Es una actuación tan brutal que entramos en lo intolerable. Tenemos en nuestra legislación figuras con soporte jurídico suficiente para dar una especial protección y acogida a estas mujeres'.

Fernández-Miranda cita la Ley de Asilo y Refugio y la Ley de Extranjería como los marcos legales que se pueden aplicar en estos supuestos. 'Sin determinar un estatuto de asilada, que creo que no sería el caso, sí las acogeríamos y protegeríamos con medidas especiales que se contemplan en esas dos leyes. Estamos hablando de una agresión física y mental inadmisible. Podemos y debemos dar una especial protección a estas mujeres'.

El delegado del Gobierno para la Extranjería e Inmigración, asegura que acogerán 'no sólo a las madres, sino también a sus hijas' y destaca que la consecuencia será la misma que ha pedido la sección española de Amnistía Internacional al Gobierno al reivindicar para ellas el derecho de asilo. 'Lo llamaríamos de una forma distinta, aunque la consecuencia sería la misma', añade.

Fernández-Miranda coincide con Convergència i Unió (CiU) en que la ablación sea causa de expulsión de los inmigrantes, aunque ésta no se cometa en España, pero si los autores purgan antes su pena. 'Cuando alguien comete un delito de lesiones tiene que cumplir la pena correspondiente y luego ser expulsado'. CiU estudia proponer al Gobierno una enmienda al Reglamento de la Ley de Extranjería en este sentido. El PSOE planteará en una iniciativa parlamentaria para 'reforzar la ley', según señala Jesús Barrero, portavoz de Justicia en el Congreso

El secretario de Estado para la Inmigración, médico de profesión, es contundente en su visión sobre la postura que deben de adoptar los médicos. 'Desde el punto de vista deontológico, los médicos tienen la obligación de denunciar estos casos. Estamos hablando de malos tratos y lesiones. Además, la ausencia de denuncia puede perjudicar a las víctimas y proteger a los autores. Y no olvidemos que la familia que lo consiente y auspicia, también es responsable'. Pediatras de Zaragoza y Girona han confesado a este periódico que no denunciaron los casos que han descubierto en sus consultas por temor a criminalizar a las familias.

Fernández-Miranda añade que a las iniciativas de la clase médica, de la policía y de los jueces 'hay que añadir una actuación social mediante programas de educación y salud'.

Todos los especialistas consultados coinciden en que el Código Penal permite perseguir los casos de ablación, más de 30, que se han llevado a cabo en España al amparo de la clandestinidad.

El problema radica en cómo penalizar a los responsables de las mutilaciones a niñas residentes en la zona catalana del Maresme, Aragón y Baleares que son enviadas por sus padres al engañoso 'viaje de vacaciones' a Senegal, Malí, Gambia y Mauritana, sus países de origen. Trece denuncias se han archivado al esgrimir los padres que la extirpación del clítoris se hizo fuera de España, 'una cantinela que los padres se han aprendido muy bien', según Montserrat Ros, cirujana pediátrica del hospital de Girona, que ha presentado una docena de partes de lesiones.

Teresa Compte, 45 años, fiscal de Barcelona, lanza una propuesta y pide que se modifique el artículo 23.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial en el que se establece la competencia de la jurisdicción española para perseguir los hechos cometidos por españoles o extranjeros fuera del territorio nacional. 'Si se incluyó la prostitución y falsificación, ¿por qué no incluir la ablación? Creo que es un delito mucho más grave. Evitaríamos la dispersión de criterios judiciales y no serviría de nada alegar que la mutilación se ha hecho fuera'.

Para Compte es sólo cuestión de voluntad política. 'Cuanto menos margen de ambigüedad más garantías habrá de perseguir la ablación', añade. La fiscal se muestra escéptica ante la postura que pueden adoptar algunos jueces con respecto a la mutilación genital. 'El Código Penal distingue entre órgano principal y no principal a la hora de establecer las penas. Tengo clarísimo que el clítoris es un órgano principal, pero evidentemente no es imprescindible para la procreación. Puede haber algún sector de jueces que crea que la mujer está hecha para procrear, no para disfrutar', augura.

Loreto Campuzano, titular del Juzgado número 4 de Girona, que archivó la mutilación a una niña gambiana de tres años, pero ordenó que se la interviniera quirúrgicamente porque le habían dejado un pequeño orificio para orinar, se muestra a favor de modificar la ley. 'Tener a una de estas niñas a tu lado es muy duro y te marca. Cualquier modificación dirigida a acabar con esto, bienvenida sea. Hay que hacer algo porque en estos momentos los jueces estamos atados de pies y manos. Sobre todo en estos casos en los que se llevan a las niñas fuera de España'.

Juan Manuel Sobrino, 38 años, responsable del Juzgado número 1 de Palma de Mallorca, archivó hace un mes el caso de una niña de Malí a la que extirparon parte del clítoris. Existía la sospecha de que se había llevado a cabo en el barrio de El Arenal, pero los padres presentaron 'el certificado' de un 'médico' de Malí que aseguraba haber intervenido a la niña. 'Estamos maniatados. Teníamos todos los datos, pero no pudimos hacer nada. No tenemos jurisdicción para actuar fuera. Me parecería perfecto que se modique la Ley Orgánica del Poder Judicial. Estamos hablando de un delito grave y puede incluirse en ese precepto'.

Ladislao Roig, teniente fiscal de Baleares que siguió este caso y no oculta la impresión que le causó la niña, añade: 'Estoy a favor de modificar la ley e incluir la ablación en el principio de justicia universal. Es una propuesta impecable. El derecho va detrás de la sociedad y a medida que se producen los hechos hay que amoldarse'.

En Zaragoza, donde la Fiscalía ha abierto diligencias para investigar los seis casos de ablación desvelados por este periódico y detectados en el centro de salud del barrio de Las Delicias y en el hospital Clínico, se alzan también voces para reforzar la figura legal de la ablación. Benjamín Blasco, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA), aboga porque se tipifique en el Código Penal el delito de mutilación genital femenina y 'no se acuda a una forma vaga y abstracta de sanción antijurídica'. 'Se trata de una conducta muy concreta y merece una tipificación como delito contra la integridad y dignidad de la persona y sus valores humanos'.

Juan Alberto Belloch, portavoz del grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Zaragoza que pidió la intervención del fiscal, medita plantear en el Senado la modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial y asegura que la ablación 'hay que perseguirla como delito de jurisdicción universal y desterrar el argumento de que es una peculiaridad cultural'. Carlos Sancho, 46 años, fiscal de menores de la capital aragonesa opina: 'Si queremos que la justicia reaccione hay que modificar esa ley porque ahora no tenemos jurisdicción'.

Para José Antonio Martín Pallín, magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, la ablación entraría en los delitos que contempla el Tribunal Penal Internacional. 'En principio te pide el cuerpo pedir la reforma de la ley, pero habría que reflexionarlo. Me subleva que se diga que es un tema cultural. Será una costumbre, pero no una cultura. La cultura es otra cosa. Un convenio internacional sería lo más acertado', dice.

La juez Margarita Robles no oculta su escepticismo y cree que el problema no se va a solucionar esgrimiendo el Código Penal. 'Es un problema social. De integración. Cuando acudimos a las leyes es que algo falla. Es muy difícil luchar contra los multiculturalismos'. María José Montero, de la Federación de Planificación Familiar, apunta a que ninguna ley tendrá consecuencias 'si no va acompañada de propuestas educativas e informativas'.

Fotou Ceka, gambiana, 43 años, agente de salud comunitaria y pionera contra la ablación en Barcelona, reflexiona: ' No puedes prohibir que lleven a sus hijas a África. Tiene que haber una ley que deje claro que si una niña va entera a su país tiene que regresar entera. Hay que conseguir un acuerdo internacional o modificar la ley para que se persigan aquí las mutilaciones hechas en los viajes'.