Anticorrupción critica al Gobierno por paralizar el suplicatorio de Berlusconi

Jiménez Villarejo dedica un capítulo de su memoria anual al caso Berlusconi, en el que critica que desde junio de 2000 -cuando el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón elevó al presidente del Tribunal Supremo el suplicatorio contra Silvio Berlusconi- 'una decisión judicial de tanta trascendencia haya quedado paralizada en el ámbito del Poder Ejecutivo'.

Según Jiménez Villarejo, con ello se daña 'gravemente al Poder Judicial como Poder del Estado de Derecho, que objetivamente se revela como un Poder de segundo grado o subordinado, cuando sus decisiones deben cursarse bajo un control, siquiera formal, del Poder Ejecutivo'.

[A propósito del caso Berlusconi, el juez Baltasar Garzón, reiteró ayer su solicitud de levantamiento de la inmunidad de Silvio Berlusconi al Parlamento Europeo, en tanto que el magnate de la comunicación y presidente de Fininvest insistió ayer desde Roma en la 'estricta legalidad' de su gestión al frente de la cadena española de televisión Telecinco].

Por otra parte, el fiscal Anticorrupción subraya que la irrupción de la banca on line ha supuesto una nueva barrera de 'enorme gravedad' para la lucha contra el blanqueo de capitales.

Dinero 'on line'

Según la memoria, el dinero on line es un 'instrumento ideal' para el blanqueo, por lo que es preciso 'profundizar en el control efectivo' de esas entidades para evitar que las nuevas tecnologías y la falta de coordinación internacional generen 'ámbitos de impunidad para la delincuencia organizada'.

En otro capítulo, Jiménez Villarejo llama la atención sobre el sistema bancario y las jurisdicciones offshore, y explica: 'Se ha detectado que filiales de entidades bancarias españolas [que no nombra], ofrecen a clientes residentes en territorio español estructuras integradas por entidades domiciliadas en diversas jurisdicciones offsore y onshore aptas para deslocalizar rentas y patrimonios generados en España, a partir de la confidencialidad que se brinda al cliente respecto a la identidad del usuario de la estructura', con lo que ayudan a eludir 'las normas antiparaíso del ordenamiento tributario español'.

La Fiscalía reprocha a bancos españoles que se nieguen a facilitar, cuando son requeridos para ello, información sobre cuentas abiertas en filiales domiciliadas en paraísos fiscales a nombre de residentes en España. Según el fiscal, los bancos aducen que se trata de establecimientos con personalidad jurídica independiente y que la legislación local sobre el secreto bancario les impide suministrar los datos requeridos.