La oposición italiana lucha contra una ley que garantizará la impunidad de Berlusconi

La coalición de Gobierno italiana, La Casa de las Libertades, con el primer ministro, Silvio Berlusconi, a la cabeza, defendió ayer en el Senado una nueva ley que propone el traslado de la sede judicial de un proceso si existe la legítima sospecha de que el juez pueda ser parcial. El proyecto de ley ha provocado la protesta de la oposición, encabezada por la coalición El Olivo, que ayer se manifestó ante el Senado al grito de 'vergüenza, vergüenza', ante lo que considera un intento más del primer ministro de centroderecha de evadir sus responsabilidades penales.

Según el proyecto de ley presentado por la coalición de centroderecha, el acusado podría pedir el traslado de su proceso judicial a otro tribunal si tiene sospechas de que el juez puede ser imparcial. Una vez interpuesta la demanda, y mientras el Supremo decide la oportunidad de la misma, el proceso judicial se suspendería. La nueva legislación sería aplicable a todos los procesos en curso.

La oposición asegura que la llamada ley Cirami (por el senador que la presentó), beneficiaría al primer ministro italiano, acusado de corrupción ante los tribunales de Milán. El diputado del gubernamental Forza Italia, Cesare Previti, también tiene una causa pendiente en Milán por presunto soborno a un magistrado.

La coalición de Gobierno hace tiempo que afirma que las magistraturas de algunas ciudades italianas como la de Milán, a la que acusa de izquierdista, utilizan los procesos judiciales como arma política y por tanto en contra de Berlusconi.

El propio presidente de la República, Carlo Azeglio Ciampi, intervino ayer en el intenso debate político suscitado por la presentación del nuevo proyecto de ley para dejar claro que la autonomía y la independencia judiciales son 'puntos cardinales del ordenamiento constitucional' y 'una garantía intangible y un bien público que no pueden ser sacrificados a exigencia alguna'. Ciampi pronunció estas palabras durante un acto en la sede del Consejo Superior de la Magistratura, en el que elogió la labor de los magistrados: 'Habéis tenido unos años difíciles, durante los cuales no han faltado momentos de tensión', pero 'habéis mostrado sentido de la medida y de las instituciones'.

Los líderes de las dos fuerzas principales de El Olivo, La Margarita y los Democráticos de Izquierda, Francesco Rutelli y Piero Fassino, pidieron 'la retirada de parte del Gobierno y de Berlusconi en persona, del proyecto de ley Cirami' y acusaron a La Casa de las Libertades de querer aprovechar que la mayoría de los italianos se encuentra de vacaciones o distraídos con los preparativos del descanso estival para aprobar la ley.

Berlusconi defendió ayer el proyecto legislativo que a su juicio 'responde al derecho de todo ciudadano a la garantía de ser juzgados por jueces imparciales', y aseguró que con él 'defendemos un derecho justo'. Por su parte, el eurodiputado de Forza Italia Giuseppe Gargani, jefe de la comisión de Justicia de Estrasburgo, apareció con las sentencias de la Corte europea de los Derechos del Hombre, que 'desde 1984 hasta hoy reafirma la legitimidad al rechazo del juez por legítima sospecha, como instrumento de garantía para quien dude de un tribunal'.

Para protestar ante el nuevo intento del Gobierno de Berlusconi de eludir sus responsabilidades penales, la oposición realizó ayer un girotondo (una ronda) en torno al Senado, formado por unas 4.000 personas, que corearon gritos como 'vergüenza, vergüenza' y portaron carteles en los que se leía 'la legítima sospecha es la de los italianos'.

Durante la protesta, el director cinematográfico e intelectual de izquierdas Nanni Moretti declaró: 'No se trata de derecha o izquierda, sino de un elemento fundamental de la vida democrática que sería degradado si se aprueba el principio por el cual algunos imputados excelentes pueden elegir su juez'.

La determinación de la coalición de Gobierno para aprobar la ley quedó clara durante la última sesión de la Comisión Justicia en el Senado, donde la oposición trató de obstruir la sesión parlamentaria prolongándola hasta las cinco de la mañana del miércoles. Cuando el Senado retomó en la mañana de ayer los trabajos sobre la ley Cirami, la coalición de Gobierno decidió detener el debate y enviar el proyecto de ley de nuevo a la Comisión de Justicia, al faltar el número de senadores necesarios para aprobar la ley. Los senadores de la mayoría estaban pero no emitían su voto. Mientras, la oposición coreaba 'vergüenza, vergüenza'. Hoy, la propuesta de ley volverá al Senado y el Gobierno tratará de que salga adelante antes de las vacaciones parlamentarias que empiezan mañana.