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Valencia y Alicante acaparan la contratación ilegal de extranjeros

Trabajo intensificará en junio sus visitas a las empresas para combatir la economía irregular

Coincidiendo con la entrada en vigor de la reforma de la Ley de Extranjería el pasado 23 de enero, los inspectores de trabajo iniciaron en diez provincias españolas -Jaén, Granada, Almería, Las Palmas de Gran Canaria, Alicante, Valencia, Murcia, Cáceres, Huelva y Zaragoza- una campaña específica para detectar la contratación de extranjeros sin documentación. Trabajo efectuó desde el pasado mes de febrero y hasta marzo un total de 1.473 visitas a empresas, en las que detectó a 542 inmigrantes carentes de permiso de trabajo. Del total de inspecciones, 361 se efectuaron en la Comunidad Valenciana, que revelaron la presencia de 325 indocumentados: 184, en Valencia; 116, en Alicante, y 25 en Castellón.

Los resultados, aún provisionales a falta de contabilizar Murcia, (donde la campaña se inició a principios de este mes) reflejan por este orden que Valencia, Alicante y Las Palmas de Gran Canaria son las provincias donde se descubrió un mayor número de extranjeros en situación irregular. Por contra, en Zaragoza (25), Huelva (10), y Cáceres (7), es donde se detectaron menos ilegales.

Las sanciones propuestas en estas diez provincias, donde presumiblemente la economía sumergida tiene mayor incidencia, ascienden a más de 542 millones de pesetas. Según fuentes de la dirección general de Inspección de Trabajo y Seguridad Social, 'el 70% de las contrataciones de extranjeros detectadas en estas diez provincias han salido a la luz con la campaña especial'.

Las visitas se centraron en aquellos sectores de actividad en los que se detectan más infracciones, esto es, hostelería, construcción y agricultura. El pasado año, los inspectores descubrieron la presencia de 4.229 extracomunitarios empleados pese a carecer de permiso de trabajo, la mayoría estaba contratado en los citados sectores. El importe de las sanciones propuestas alcanzó los 2.365 millones de pesetas, 200 millones correspondieron a la Comunidad Valenciana.

Con estas campañas, Trabajo pretende combatir la economía sumergida. En los últimos años, según fuentes de la Dirección General de la Seguridad Social, 'se viene comprobando la existencia de bolsas de fraude, en las que la irregularidad predominante es la contratación de mano de obra ilegal'.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Lunes, 30 de abril de 2001