Ciencia confusa

El negocio de la telefonía móvil con tecnología UMTS se ha convertido en uno de los fiascos tecnológicos más notables de la legislatura del PP. Las operadoras que debían poner en marcha el negocio han tenido que suspender el lanzamiento y aplazar la esperada recogida de beneficios, después de comprometer inversiones billonarias, debido a que las empresas encargadas de desarrollar la tecnología no han llegado a tiempo para cumplir los plazos previstos. Pero éste no ha sido el único contratiempo. En el caso de España, la situación presente y las perspectivas del negocio se han complicado de forma muy grave, debido a la intervención del Gobierno, que como mínimo cabe calificar de poco afortunada.

Entre las piezas de la ceremonia de la confusión orquestada por el Ejecutivo español cabe mencionar la convocatoria de un concurso, resuelto atropelladamente dos días antes de las elecciones generales de 2000, que concedió cuatro licencias de telefonía UMTS a Telefónica, Airtel, Amena y Xfera, y la implantación posterior de una tasa por el uso del espacio radioléctrico de 160.000 millones anuales (recurrida por las empresas damnificadas). Una solución pintoresca para echar tierra a la renuncia a la subasta de licencias que generó ingresos billonarios en países como Alemania o el Reino Unido. La ministra de Ciencia y Tecnología Anna Birulés se las arregló para estropear la única ventaja posible del concurso frente a la subasta imponiendo un canon que desincentiva las inversiones.

La ministra Birulés sumó ayer otros motivos de desconcierto. La decisión de aplazar al menos durante un año la entrada en funcionamiento de la telefonía móvil UMTS, a cambio de facilitar el desarrollo de una tecnología menos avanzada, la conocida como GRPS, es una consecuencia lógica del retraso tecnológico apuntado. Nada que oponer. Pero es dramático que, como en otras ocasiones, la retórica liberalizadora del Gobierno vaya acompañada de restricciones del mercado en la práctica; porque así debe interpretarse la decisión del Ministerio de retrasar sine die la concesión de las dos nuevas licencias de GSM -la tecnología al uso-, que el Gobierno todavía retiene en la recámara. Arguye Birulés que falta espacio radioléctrico; pero en diciembre el ministerio sostenía precisamente lo contrario, a pesar de las advertencias repetidas de las empresas y de la Comisión del Mercado de Telecomunicaciones.

Por torpeza manifiesta y embarullamiento político, ese Ministerio está incumpliendo algunos preceptos elementales que debe respetar cualquier Gobierno cuando se trata de ordenar un mercado. El primero es garantizar el máximo número de operadores compatible con la generación de una rentabilidad apreciable y con la defensa de los intereses de los consumidores. Hoy no sabemos si son cuatro o seis y probablemente tardaremos en saberlo. El segundo es intervenir lo menos posible de forma que las empresas puedan desarrollar con garantías sus planes de inversión. Ni uno ni otro. Es el peor clima posible para cuando la tecnología UMTS esté disponible.