La Diputación de Álava dice ayudar menos a los pueblos del PP que a los del PNV
La Diputación de Álava distribuirá este año 2.179 millones de pesetas entre los municipios de la provincia para atender inversiones en infraestructuras básicas, como las redes de saneamiento y abastecimiento de agua, y los equipamientos. Es lo que se denomina Plan Foral de Obras y Servicios, una norma que caduca este año y que debe revisarse con vistas a posteriores ejercicios. Se trata de una ley que, aunque sujeta a unos baremos predeterminados, ha suscitado la polémica entre los grupos políticos. En los próximos meses, los partidos deben alcanzar un pacto para cambiar de criterios en la distribución de los recursos y hacer la norma más justa.La Diputación de Álava, gobernada por el PP, tras aprobar ayer el destino de los 2.179 millones, salió ayer al paso de las críticas del PNV, que en los últimos días ha acusado al gobierno foral de discriminar a las entidades gobernadas por los nacionalistas en favor de los ayuntamientos del PP. Carlos Samaniego, número dos de la Diputación y responsable de la cartera de Administración Local, negó ayer que exista discrecionalidad, e incluso entregó un documento que compara las ayudas recibidas por unos y otros.
La conclusión es que los ayuntamientos donde gobierna el PNV reciben una media de 50.000 pesetas por habitante, mientras que los del PP no pasan de 47.000 pesetas. Los de EA se quedan en 31.000 pesetas por habitante y el único ayuntamiento socialista percibe 73.000 pesetas. A las entidades gobernadas por EH le corresponden 2.500 pesetas por cada habitante. Los ayuntamientos de partidos independientes obtienen 110.000 pesetas. Al margen de estos números, Samaniego recordó que la norma actual se aprobó con el anterior gobierno nacionalista.
El Plan Foral de este año aumenta el dinero destinado a los pueblos con respecto al año pasado: 2.179 millones frente a 1.400. Sin embargo, sólo llega a cubrir el 16% de las peticiones enviadas por los ayuntamientos, que habían reclamado obras por valor de 14.000 millones.
La Diputación defiende que ha seguido 'escrupulosamente la ley' y recuerda que este año ha aumentado el número de obras subvencionadas: de 84 pasa a un total de 145. Además, se ha introducido una novedad, al contratar a un ingeniero que llevará un control exhaustivo de la ejecución de cada obra, y tratará de garantizar que éstas se ajustan a los presupuestos presentados.
Según estipula la ley, a la hora de conceder las subvenciones se debe conceder prioridad a los ayuntamientos que aún carecen de una red completa de saneamiento o abastecimiento de agua. El 75% de la subvención total debe destinarse a cubrir estas necesidades, y el 25% restante a equipamientos. 'No podemos pagar a un pueblo la construcción de un frontón si en el municipio de al lado no tienen todavía una red de saneamiento', se explicó Samaniego.
La Diputación mantiene, no obstante, que la norma debe modificarse porque da pie a algunas injusticias, como en el caso de algunos ayuntamientos de la Montaña Alavesa, que 'tiene más necesidades que otros' pero recibe iguales ayudas a lugares más favorecidos.
Ante las críticas de algunos alcaldes nacionalistas y del propio Araba Buru Batzar, Carlos Samaniego respondió: 'Me sorprende que sea el presidente del PNV en Álava, José María Gerenabarrena, quien lo diga. Todos sabemos por qué sobrenombre era conocido, [el hombre del maleín]'.
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