Bruselas denuncia que el Gobierno controla los órganos de competencia

El Gobierno español sale mal parado en el informe anual sobre recomendaciones que se propone formular la Comisión Europea y que deberá tener en cuenta a la hora de elaborar los próximos Presupuestos. Las recomendaciones figuran en el borrador final elaborado por los servicios del comisario europeo de Asuntos Monetarios, el socialista español Pedro Solbes, que debe recibir el lunes el consenso de los jefes de Gabinete de los demás comisarios europeos. La aprobación definitiva de la Comisión será el próximo día 25.

Las observaciones sobre los problemas para tutelar con independencia la política de la competencia ya fueron formuladas en las recomendaciones del año pasado. Pero entonces Bruselas se conformó con una somera referencia de una línea, que el Gobierno de José María Aznar intentó eliminar del texto final, aunque sin éxito.

En esta ocasión, el texto que maneja la Comisión otorga a este asunto una gran importancia y se menciona como una de las causas de que 'el grado de apertura de la economía española sea inferior al de los otros grandes Estados miembros' de la Unión Europea. La advertencia pone de manifiesto el relieve que otorga la Comisión Europea a la competencia.

'En 2000, España ha tomado diversas medidas para mejorar el funcionamiento de sus mercados de productos', admite Bruselas. Y cita entre ellas la transposición de legislación relativa al mercado interior, el impulso a la liberalización de los mercados de energía y telecomunicaciones o la reducción del total de ayudas de Estado concedidas al sector privado. 'Los poderes de las autoridades de la competencia se han reforzado y se ha propuesto incrementar sus recursos a lo largo de 2001', añade el texto. 'Sin embargo', incide a renglón seguido, 'la estructura institucional de la aplicación de la política de la competencia sigue otorgando un importante papel al Gobierno'.

Para remediar este problema, Bruselas propone que el Gobierno español 'se asegure que las autoridades independientes de la competencia tengan una capacidad adecuada y recursos suficientes para investigar los casos'.

El modelo español cuenta con una estructura bicéfala. Por un lado, el Servicio de Defensa de la Competencia -perteneciente a Economía-, y el Tribunal de Defensa de la Competencia, un órgano independiente aunque el presidente es nombrado por el Gobierno a propuesta del titular de Economía y sin pasar por el Parlamento como ocurre, por ejemplo, con el presidente de la Comisión de Telecomunicaciones o de la Energía.

El Gobierno perdió una gran oportunidad de modernizar el sistema en la nueva Ley de la Competencia aprobada en 1999. El texto hizo más fuerte al Servicio, que está en el círculo del Gobierno, frente al Tribunal. El Servicio es el que inicia los expedientes y hace las propuestas al Tribunal, que tiene la potestad de hacer las recomendaciones pertinentes al Gobierno, como pueden ser saanciones o prohibiciones de concentración.

El modelo español adolece de falta de medios materiales y humanos, de largos procesos de tramitación, según lo expertos. Además, el grado de independencia es menor de los países de su entorno.

La política de competencia es uno de los mayores instrumentos de poder con los que cuenta la Comisión Europea y uno de los mayores retos a la hora de homologar los distintas sistemas de defensa de la competencia actuales. En esa homologación se trabaja ahora en Bruselas.

En Estados Unidos, los encargados de vigilar por la competencia pertenecen a la Administración de justicia. Allí los procesos de la competencia se suelen judicializar más que en Europa, que son procesos administrativos en la mayoría de los casos. En Europa, los órganos de la competencia también dependen de Economía, aunque su independencia operativa y real es distinta. El sistema alemán y el italiano pasan por ser los más fuertes e independientes del poder político y es en Francia donde se cuenta con más medios. En el Reino Unido es el ministro de Comercio e Industria el que ejerce la responsabilidad global sobre este asunto.