Por un nuevo modelo de universidad

Con el título Por un nuevo modelo de universidad se ha presentado en Barcelona un informe realizado por una comisión creada hace 10 meses por el Gobierno de la Generalitat con el encargo explícito de efectuar un diagnóstico sobre cuáles deberían ser los cambios a hacer en las universidades catalanas para adaptarlas al entorno europeo y a las nuevas circunstancias sociales, políticas y económicas. La comisión, nombrada por el titular del Departamento de Universidades, Investigación y Sociedad de la Información, doctor Andreu Mas-Colell, estaba formada por 23 personas de la sociedad catalana, que, excepto en dos casos, el presidente y el secretario, no son profesores en activo y en su mayoría, aunque la conocen, son ajenos a la universidad. Lo que el Gobierno de la Generalitat buscaba era, pues, un informe sobre los cambios necesarios vistos desde diversos ángulos no implicados directamente en las universidades.

Las nuevas universidades han de ser motores del conocimiento y de la innovación

Una primera conclusión del informe, que puede encontrarse en la dirección (www.gencat.es/dursi/), es que el progreso del país precisa de un sistema de universidades de excelencia y que las universidades catalanas, y las españolas, si bien han mejorado sensiblemente en los últimos lustros, necesitan una reforma en profundidad para poderse situar en la cabecera de las universidades europeas. El cambio, que el informe califica de urgente e ineludible, no puede limitarse a un mero retoque de la legislación vigente.

Las nuevas universidades han de tener la calidad como meta y han de ser motores del conocimiento -en el sentido más amplio de la palabra- y de la innovación. Han de perseguir la excelencia en el cumplimiento de sus funciones fundamentales, la formación superior y la investigación. La consecución de estos fines, considera el informe, ha de hacerse a través una mayor autonomía de las universidades que esté ligada a una auténtica responsabilización ante la sociedad; una organización participativa, y la competencia entre las distintas universidades, que se deben caracterizar por ser diversas y ser flexibles para poder dar respuestas a los distintos retos sociales.

El conjunto indisoluble de estas características debe reposar en tres cambios fundamentales del actual sistema de universidades. Un nuevo sistema de gobierno basado en el binomio autonomía y rendición de cuentas, con la correspondiente evaluación externa; una política de personal propia de cada universidad y que permita atraer a los buenos profesionales mediante una carrera profesional estimulante en todas sus etapas, y un sistema de financiación suficiente que incentive la calidad.

Para la Comisión, la responsabilidad última del gobierno de las universidades debe recaer en un órgano reducido, formado por personas elegidas en razón de su competencia, nombrado por la Administración y responsable, en el caso catalán, ante el Parlament de Cataluña. Entre otras funciones, este órgano ha de elegir, después de consultar a la comunidad universitaria, al rector, máxima autoridad académica. Si bien el informe propone algunos otros detalles de este modelo de gobierno de las universidades, es consciente de que se trata de un problema complejo, pero al que se puede encontrar soluciones razonables, como lo han hecho otros países de nuestro entorno, especialmente en el norte de Europa.

El informe considera que una nueva política de personal no puede basarse en las rigideces del sistema funcionarial, sino que precisa un sistema de contratación propio de cada universidad. Lejos de propuestas uniformadoras, cada universidad ha de poder definir la carrera de sus profesionales de manera que éstos vean incentivada la calidad de su trabajo en cualquier punto de la misma. En el caso de los profesores, su selección será responsabilidad de los centros o departamentos, cuyos buenos o malos resultados tendrán repercusiones presupuestarias, y deberá ser aprobada en última instancia por el órgano de gobierno de la universidad.

La selección de los estudiantes por parte de cada universidad, sin otras discriminaciones que la capacidad y el mérito, es reflejo de su autonomía y deberá conjugarse con el derecho de los estudiantes a elegir la universidad que mejor responda a sus expectativas. El derecho a elegir implica el conocimiento de las características de cada una de las universidades de un sistema que tenderá a ser más diverso que ahora. Un efectivo sistema de becas y ayudas ha de evitar que nadie sea excluido de la universidad por razones económicas. En cualquier caso, la implantación de un nuevo sistema de acceso a la universidad debe ir precedido de una amplia difusión social del mecanismo que se adopte y de sus detalles.

El nuevo sistema de financiación, que deberá tender al de los países avanzados de nuestro entorno, ha de ir estrechamente ligado a la consecución de los objetivos de calidad de las universidades, de sus centros y de sus departamentos. Su origen, mayoritariamente público, se ha de complementar con mayores esfuerzos de obtención de recursos de la sociedad civil, cosa que se debería facilitar con una mejora de la legislación referente al mecenazgo y a las desgravaciones fiscales. El grado de consecución de los objetivos se deberá evaluar rigurosamente por expertos externos, mediante agencias de calidad como, por ejemplo, la Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari a Catalunya, que ya tiene bastante rodaje en el ámbito catalán.

No es menos importante que el informe reclama que una nueva legislación se ha de limitar a ser una ley de bases, que deje campo de juego a los gobiernos autónomos que lo deseen. La nueva ley debería permitir, en determinadas circunstancias, ciertos grados de experimentación en el detalle de los sistemas de gobierno de las universidades y en los métodos de selección del profesorado. Y también recuerda el informe las responsabilidades adicionales de las universidades de Catalunya como referentes y garantes de la cultura y la lengua catalanas, funciones que han de quedar aseguradas con el desarrollo de la nueva legislación por parte de la Generalitat.

En los próximos meses contemplaremos un debate sobre las características de la nueva legislación. El informe presentado espera ser acogido como uno de los elementos del debate.

Ramon Pascual es presidente de la comisión creada por la Generalitat y profesor de la Universidad Autónoma de Barcelona.