CC OO denunciará por amenazas a los dos empresarios que explotaban a 14 'sin papeles'

El asunto está todavía en diligencias previas. El Juzgado de Instrucción número cuatro de Barakaldo tendrá que decidir si hay indicios de delito en el comportamiento de los empresarios de la construcción, José Antonio R.F., de 47 años, y su hijo, José Antonio R.E., de 21 años, que contrataron a 14 inmigrantes colombianos sin papeles para realizar arreglos en tejados y fachadas. Ambos figuran como administradores únicos de Construcciones Rodríguez Freire y Rehabilitaciones y Reformas Freire, con sede en Sestao. Los empresarios obligaban a los extranjeros a trabajar en domingos y festivos sin contrato ni seguridad social y por sueldos muy inferiores a los del convenio.

CC OO, que se personará el próximo martes en el caso, ha acompañado a estos inmigrantes desde que los propios afectados denunciaron su situación en el Centro de atención a inmigrantes (CITE) de este sindicato. Comisiones acusa a los empresarios de atentar contra los derechos de los trabajadores, entre otros delitos. La denuncia también incide en que los empresarios han incumplido la Ley de prevención de riesgos laborales, ya que los colombianos trabajaban en la rehabilitación de fachadas y tejados 'sin arneses, cascos ni ninguna medida de seguridad y han llegado a trabajar hasta en un duodécimo piso de altura', asegura Andoni Basterra, de Comisiones.

Problemas judiciales

Los dos empresarios, que fueron detenidos y permanecieron dos noches en la Jefatura superior de policía de Bilbao, han quedado en libertad sin fianza tras prestar declaración ante la juez de Barakaldo. Éste no es el primer problema que tiene con la Justicia José Antonio R.F., un empresario de la construcción contra el que pesan varias denuncias de trabajadores locales por condiciones salariales y laborales.

En opinión de CC OO, que se personará el martes en el caso y que tiene previsto añadir a la denuncia una nueva por las amenazas que aseguran haber recibido dos de los extranjeros, los empresarios han violado cinco artículos del Código Penal, entre los que se encuentran la situación de superioridad del empresario para imponer condiciones gravosas y el tráfico ilegal de trabajadores. 'Entendemos que hay responsabilidades penales; el problema es que la judicatura es muy reacia a admitir delitos penales relacionados con el ámbito laboral', dicen en Comisiones. 'Queremos que haya sentencias ejemplificadoras', añaden.

En este sindicato conocen bien las reticencias de los jueces a la vía penal porque el de los 14 indocumentados colombianos no es el primer caso de explotación laboral de inmigrantes que han denunciado. CC OO y Cáritas ayudaron a desmantelar en mayo del año pasado una red empresarial que explotaba a 16 ecuatorianos en varios tajos en Basauri. Como en este caso, la Inspección de Trabajo y la policía detuvieron al responsable, titular de las empresas Covar y Urivex, con sede en Bilbao, que introducía ilegalmente a mano de obra ecuatoriana. Según aseguraron los propios afectados, en Ecuador se les prometía un contrato en regla y un sueldo de 180.000 pesetas mensuales, unas condiciones que al llegar aquí se desvanecían en el aire.

En ese proceso judicial, la denuncia laboral prosperó y el empresario acabó pagando una jugosa indemnización a los trabajadores ecuatorianos. Sin embargo, la denuncia penal por tráfico ilegal de mano de obra fue sobreseída, algo que CC OO no quiere que ocurra con los trabajadores colombianos.

Este sindicato y Cáritas aseguran que son una minoría los casos de explotación laboral de extranjeros que llegan a los tribunales y que los sectores donde más se dan estos abusos son la construcción, el servicio doméstico y el forestal. 'Hay internas cobrando 10.000 pesetas al mes en casas donde el frigorífico está candado y donde les recriminan que se duchen', cuenta Miguel Ángel Val, de Cáritas, como ejemplo de la 'tremenda explotación' que existe.