El Ayuntamiento de San Sebastián renunció a expulsar de la policía local al agente condenado

El Ayuntamiento de San Sebastián incoó el expediente administrativo a Patxi Añorga en octubre de 1993 al ser detenido como presunto colaborador de ETA, si bien su resolución quedó paralizada hasta que la Audiencia Nacional dictó sentencia firme y condenó al procesado a seis años y un día de prisión por realizar actos de vigilancia y recopilar datos para llevar a cabo acciones terroristas. Sólo entonces se retomó el expediente incoado en el momento de la detención y que finalizó en diciembre de 1997.

Según fuentes sindicales, la conducta de Añorga, tal y como consta en ese expediente administrativo, era constitutiva de una falta disciplinaria muy grave -como cualquier delito doloso que lleve aparejada pena privativa de libertad- y podía costarle su separación definitiva del cuerpo o la suspensión de funciones por más de dos y hasta cuatro años. El instructor del expediente propuso la separación del servicio, es decir, su expulsión.

Durante la instrucción, Añorga solicitó que o bien se acordara que no cometió falta alguna o, en su caso, que se le aplicara una suspensión de funciones de dos años. No se atendieron sus alegaciones, pero se resolvió desoír la propuesta del instructor del caso e imponerle una suspensión de funciones de cuatro años, que expiraron recientemente.

Arrepentimiento

La resolución firmada por el alcalde en diciembre de 1997 justificaba la decisión por el largo tiempo transcurrido desde que se produjeron los hechos y, en especial, 'por la manifiesta e inequívoca actitud posterior de Añorga de desvincularse de tales acciones', según pudo saber este periódico. Se optó por no expulsarle del cuerpo, entre otros argumentos, para no impedir su posterior incorporación a la vida laboral.

Esta resolución es la que obliga al Ayuntamiento a admitir que Patxi Añorga se reincorpore el próximo lunes en la Unidad de Regulación de Tráfico y Estacionamiento de la Policía Municipal, si así lo solicita. En medios municipales no se descartaba ayer que el ex colaborador de ETA solicite su adscripción a otros servicios fuera de la policía local.

De hecho, el alcalde Odón Elorza, en las únicas declaraciones realizadas hasta el momento -a la cadena SER- insinuó que se 'está buscando la solución idónea para que este señor no se incorpore a la Policía Municipal', al tiempo que reconoció que el propio interesado 'no tiene ninguna gana de entrar en el cuerpo'. En todo caso, fuentes sindicales confirmaron que Añorga acudió hace unos días, acompañado del delegado sindical de LAB y otros compañeros, a pedir su uniforme para reincorporarse al turno de mañana de la Unidad Segunda de Tráfico.

El Ayuntamiento de San Sebastián ha sancionado recientemente a otro guardia urbano con la expulsión del cuerpo. El agente Francisco Cano Maeso, condenado a cuatro meses de arresto mayor por un delito de lesiones por un juzgado de lo Penal donostiarra, fue separado del servicio como autor de una falta disciplinaria muy grave, según consta en una resolución firmada el 12 de enero de 2001. Su expulsión de la policía local fue ordenada por el alcalde donostiarra y no requirió de la ratificación del pleno municipal. Este requisito hubiera sido necesario en el caso de haberse decidido la expulsión de Añorga en 1997, ya que posteriormente se modificó la ley.

[El Instituto Internacional de Prensa (IPI) condenó ayer enérgicamente en Viena 'los cobardes y despreciables actos de terrorismo' de ETA contra los profesionales de la información que ejercen su trabajo en el País Vasco. El World Press Freedom Review 2000, informe anual de la organización que reúne a editores y directores de medios de todo el mundo, señala que 'el pasado año los periodistas españoles se han visto inmersos en el fuego a discreción de los ataques' de ETA.]