Readmitido en la policía local de San Sebastián un colaborador de ETA

El PP no está dispuesto a conformarse con la reincorporación de Añorga el próximo lunes a la Unidad de Regulación de Tráfico y Estacionamiento (URTE) del citado cuerpo, una vez que ha cumplido seis años de prisión por facilitar información a ETA para cometer al menos dos atentados en 1989 en Lasarte y en San Sebastián.

Primero la teniente de alcalde, María San Gil, y más tarde el secretario general de este partido, Javier Arenas, anunciaron que su formación ha encargado un estudio jurídico para comprobar si existe alguna posibilidad de revocar la decisión o de presentar un recurso judicial contra ella. De no conseguirse, y como 'la ley hay que cumplirla', dijo San Gil, se tratará al menos de que el ex colaborador de ETA ocupe 'un puesto donde no disponga de una información delicada y sensible' sobre los 'domicilios de personas amenazadas, sus vehículos e itinerarios'. Ella misma conoció ayer que la Fiscalía de la Audiencia Nacional pedirá dos años y diez meses de prisión para dos de los cuatro jóvenes que la amenazaron el pasado 3 de agosto.

Jaime Mayor, candidato a lehendakari por el PP, anunció incluso que 'lo primero' que hará si consigue ganar la presidencia del Gobierno vasco será modificar la Ley de la Función Pública vasca en la que basa su decisión el Ayuntamiento donostiarra.

Se esperaba la comparecencia del socialista Odón Elorza para dar explicaciones, pero el alcalde socialista delegó esa responsabilidad en la concejal de Régimen Interior, Susana Corcuera. La edil leyó un comunicado en el que el ayuntamiento reconocía que 'se ha visto obligado' a resolver positivamente la reincorporación de Añorga en cumplimiento de la Ley de la Función Pública vasca, que establece que 'la suspensión firme como consecuencia de sentencia' se impone en los mismos términos que la resolución judicial y que, una vez cumplida, el funcionario 'deberá solicitar el reingreso activo en el plazo de treinta días'.

Añorga lo hizo y el consistorio adoptó el lunes la resolución por la que se acuerda la adscripción provisional del ex colaborador de ETA a un puesto vacante de la URTE. No llevará pistola. 'El respeto al Estado de Derecho', dijo Corcuera, 'nos ha llevado a esta situación que, desde el punto de vista moral, puede resultar paradójica y llamativa para la opinión pública'.

Pero algunos expertos señalan la posibilidad de encontrar resquicios legales. Un magistrado del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco confirmó ayer a Vasco Press que la Ley de la Policía Vasca contempla la expulsión del cuerpo por la comisión de un delito que conlleve penas de cárcel. 'A no ser', señaló el magistrado, 'que el Ayuntamiento donostiarra haya dejado pasar el plazo para la apertura del expediente sancionador de expulsión y haya prescrito esa posibilidad'. El consistorio -que ampara su decisión en la Ley de la Función Pública vasca- disponía de un plazo de seis años para la apertura de dicho expediente de expulsión del cuerpo, desde que la sentencia fue firme el 11 de octubre de 1994.

Nadie en el ayuntamiento quiso revelar ayer si se realizó o no este trámite, pese al estupor y malestar que causó en partidos, instituciones y opinión pública, la noticia.

Y sobre todo en las familias de sus víctimas. La hermana de Gregorio Ordóñez, concejal del PP en San Sebastián asesinado en 1995, lo sintió como una humillación. 'Estoy convencida de que la orden de asesinar a mi hermano salió de estas personas de la Guardia Municipal porque él estorbaba mucho e iba a por ellos porque sospechaba lo que después se ha demostrado', dijo. Ordóñez expresó en su día sus sospechas de que policías locales colaboraban con ETA.