Una evaluación de las carreras permitirá comparar las universidades

La evaluación de las carreras sería voluntaria y 'no se trataría de fiscalizar la universidad sino de dar a conocer cómo funciona, por ejemplo, la carrera de Derecho en el conjunto del sistema', explicó el secretario de Estado de Universidades.

Estos análisis por carreras puede fomentar la competencia entre universidades, permitir la elaboración de un ranking por titulaciones y facilitar información al alumno sobre cómo funciona cada carrera en cuanto a ordenadores por estudiante, tamaño de la biblioteca, nota media de los alumnos que acceden a la titulación, duración media real de los estudios e inserción de los licenciados en el mercado de trabajo.

Actualmente, existe un plan de evaluación que consiste en que cada universidad presenta voluntariamente una serie de carreras para que sean analizadas. Casi todos los centros presentan a esta prueba alguna titulación pero este sistema no permite detectar las diferencias en una misma carrera entre universidades.

Respecto a la creación de un examen estatal de habilitación para todos los profesores, el ministerio estudia establecer 'medidas administrativas' con el fin de evitar que se produzca una bolsa de profesores habilitados sin plaza, según dijo el secretario de Estado. El sistema consistiría presumiblemente en que los habilitados tendrían un plazo para escoger una plaza de las vacantes y, si no lo hacen, la perderían. Además, las universidades que solicitaran la habilitación de un número de profesores para cubrir una serie de plazas vacantes tendrían que contratar a esa misma cantidad de docentes en un plazo limitado de tiempo. Esos profesores podrían elegirse entre los habilitados o entre los que ejercen ya en otras universidades.

Fomento de la movilidad

Con esta iniciativa se persiguen básicamente dos objetivos, el ya mencionado de evitar que se cree una bolsa de habilitados sin plaza (ya que, si se captaran docentes de otras universidades, las plazas que éstos dejarían vacías tendrían que ser ocupadas por otros) y fomentar la movilidad del profesorado.

Actualmente, las pruebas de selección de los docentes son organizadas en cada universidad y los profesores que quieren cambiar de centro deben someterse a un concurso de méritos, que previamente debe ser aprobado por la Junta de Gobierno de la universidad. Si esto no ocurre, deben someterse de nuevo a las pruebas de acceso en la universidad de destino elegida, como ya hicieron en la suya.

En opinión de los responsables del Ministerio de Educación, la endogamia que existe en la selección del profesorado en la universidad española 'no es el problema real sino la falta de movilidad del profesorado', según manifestó Ismael Crespo. Julio Iglesias considera que 'hay una endogamia buena y otra mala' y que 'en determinadas dosis es bueno contratar a los candidados locales para una plaza, como en el caso de los grupos de investigación que son muy especializados'.

El Gobierno planea además alargar la carrera docente de los profesores, pero no mediante la creación de nuevas figuras (actualmente hay ayudantes, titulares y catedráticos) sino con la prolongación de la duración de los contratos de los ayudantes que aún no sean doctores.

Los ayudantes no son funcionarios, tienen un contrato con la universidad que puede durar actualmente hasta cinco años. Según explicó el director general de Universidades, Ismael Crespo, el objetivo de este cambio es dar una mayor estabilidad laboral a los ayudantes que están realizando la tesis doctoral y contribuir con ello a la mejora de la calidad de esas investigaciones.

Julio Iglesias aseguró además que el ministerio respetará la autonomía de las universidades y que impulsará la función del Consejo de Universidades (integrado por los rectores, las comunidades autónomas y algunos expertos de prestigio), ya que 'constituye una pieza esencial del sistema universitario' y juega un papel importante en su cohesión.