Ayudas pólemicas en varias comunidades

Cataluña no es la única comunidad autónoma en la que periódicamente salta la polémica por las subvenciones a centros privados y concertados. Las elevadas cuotas que a menudo han de pagar las familias de los alumnos para mantenerlos en estos centros (llegan a alcanzar las 100.000 pesetas mensuales), los criterios arbitrarios o elitistas de selección de estudiantes que aplican, la segregación o exclusión de los alumnos en función de su sexo y la ideología o el carácter religioso de algunas de estas instituciones son razones que esgrimen partidos, sindicatos, organizaciones educativas y expertos para rechazar que los centros privados concertados reciban dinero público. Sobre todo teniendo en cuenta las carencias que sufre la enseñanza pública. Las protestas se agudizan cuando las ayudas son dirigidas a la educación infantil, no obligatoria.

En la Comunidad de Madrid, donde los centros concertados reciben más de 60.000 millones de pesetas cada curso, son frecuentes las quejas de los sindicatos. Unos 200 representantes de la Plataforma por la Escuela Pública se concentraron a principios de mes frente a la Consejería de Educación para exigir que no se aumentasen las subvenciones. La respuesta del Gobierno autonómico fue conceder 1.900 millones de pesetas a nuevos conciertos en educación infantil.

La comunidad educativa se rebeló hace un año contra una sentencia de la Sala de lo Contencioso de la Audiencia Nacional que rechazó un recurso interpuesto por la UGT de Asturias y consideró constitucional que tres colegios asturianos de Fomento de Centros de Enseñanza (organización de ideario próximo al Opus Dei) que recibían subvenciones admitiesen alumnos de un solo sexo.

El Gobierno del PP valenciano desató las furias de la oposición hace dos cursos por adjudicar conciertos a 10 colegios privados de élite o vinculados al Opus Dei, los cuales cobraban a las familias matrículas de entre 40.000 y 50.000 pesetas al mes.

Un estudio del año pasado del sindicato STEPV acusaba al Ejecutivo valenciano de Eduardo Zaplana de haber congelado los gastos de funcionamiento de los centros públicos desde su llegada al poder. Según el estudio del STEPV, la dotación por alumno sólo aumentó 370 pesetas entre 1995 y 1999.