Agricultura pone cerco a las irregularidades en la comercialización de leche tras las denuncias del sector

Quince años después que se detectasen las primeras irregularidades en la producción de leche en relación con las exigencias comunitarias, se ha comenzado a clarificar la situación en el sector. Las actuaciones llevadas a cabo en los últimos tres años desde el Ministerio de Agricultura, las denuncias de una parte del sector y de la industria han comenzado a dar sus frutos, tanto en lo que se refiere a la venta de leche en origen (controlando a los primeros compradores) como en el tratamiento posterior que se hace de la materia prima en la industria.

A finales del pasado año, el Ministerio de Agricultura, que dirige Miguel Arias Cañete, llevó a la Fiscalía a tres empresas acusadas de supuestas prácticas fraudulentas en materia fiscal. Ante la Fiscalía Anticorrupción ha llegado una denuncia de un fraude, evaluado en 4.650 millones de pesetas, por ocultar y desviar la compra de 80 millones de kilos de leche para evitar pagar la tasa que impone la UE por superar la cuota de producción.

Según medios cercanos a la Administración, sería más de una veintena de denuncias por diferentes anomalías, en su mayor parte pertenecientes a primeros compradores. Cuotas y calidad de la leche son los dos frente en los que debe analizarse el sector.

En lo que afecta a la producción de leche de vaca en el campo, las anomalías actuales tienen su origen en el año 1986 con el ingreso de España en la Unión Europea. Consecuencia de una mala negociación, Bruselas asignó a España solamente una cuota de 4.650.000 toneladas para venta a las industrias y de 750.000 toneladas como venta directa de los ganaderos. En total, 5,4 millones de toneladas para una producción superior en un millón de toneladas y un consumo en los mismos niveles.

Bruselas justificó esa cifra por estimar que era la que correspondía a las declaraciones oficiales de producción en España. La realidad es que, con una cuota baja de producción, España se convertía en un mercado para colocar los excedentes de otros países comunitarios. En los años siguientes se fue trasvasando leche de venta directa a venta a industrias hasta situar esta última cuota en 5,45 millones de toneladas.

Rechazo de la industria

El rechazo del sector productor hizo que el propio ministro que había renegociado la cuota, Carlos Romero, aplazara su aplicación. En consecuencia, España siguió produciendo leche con libertad hasta que en el año 1992, con Pedro Solbes como ministro de Agricultura, se optase por asignar cuotas a los ganaderos. Por la no asignación de cuota en esos años, entre 1987 y 1992, Bruselas impuso a España una multa de 200.000 millones de pesetas que pagó el Tesoro.

La aplicación de una cuota insuficiente para la producción real del sector no fue ninguna solución, sino un nuevo problema al que los ganaderos buscaron salidas para no pagar penalizaciones a razón de unas 60 pesetas por cada kilo que superase la cuota. Desde la Administración comunitaria y española se pusieron en marcha diferentes planes para el abandono de la producción con el fin de ajustar la producción real a la cuota asignada, sin resultados positivos. Se fueron miles de ganaderos que bajaron de 220.000 a solamente 60.000, pero la producción era la misma o incluso superior. El sector productor, la industria y la propia Administración reclamaron a Bruselas aumentar la cuota en un millón de toneladas sin resultado.

Para evitar el pago de penalizaciones por superar las cuotas, el sector puso en marcha diferentes fórmulas menos gravosas para el ganadero y que beneficiaban también a los industriales.En ese contexto, en los años ochenta nació la llamada leche negra, leche de calidad pero vendida sin control oficial a precio más bajo. Otra salida era la llamada leche comprimida, es decir, entregar 100 kilos a un precio de 60 pesetas por kilo y haber entregado en realidad 150 kilos a 40 pesetas el kilo.