Rajoy anuncia que el Gobierno utilizará su potestad para expulsar a inmigrantes ilegales

Rajoy presentó ayer en el Consejo de Ministros un informe político sobre la posición del Gobierno en materia de inmigración, que después trasladó al portavoz parlamentario del PSOE, Jesús Caldera, en una entrevista de media hora en La Moncloa, y a los demás portavoces parlamentarios a través de conversaciones telefónicas. Según explicó luego Rajoy a los medios de comunicación, los tres ejes de esa política son: 'Utilizar como instrumento básico la nueva Ley de Extranjería, para convertir a España en un país de acogida que de un nivel de vida digno a los inmigrantes; favorecer la inmigración legal a través de convenios bilaterales con los países exportadores; y luchar decididamente contra la inmigración ilegal, y sobre todo contra las mafias que se dedican a obtener pingües beneficios del tráfico de personas'.

Rajoy se esforzó en intentar demostrar, con argumentos técnicos y jurídicos, que la Ley de Extranjería se ajusta a la Constitución. A ese respecto arguyó que el Tribunal Constitucional, en sentencias de 1984, 1985 y 1987, distingue entre los derechos que pertenecen a la persona como tal -sanidad, educación, por ejemplo- y los que le corresponden como sujeto político -asociación, reunión, manifestación y huelga, entre otros-. El vicepresidente primero y ministro del Interior también invocó la Ley de Extranjería aprobada en 1985 bajo el Gobierno socialista, porque tampoco incluyó el reconocimiento de esos derechos civiles a inmigrantes. Y esgrimió en defensa de sus tesis dictámenes del Consejo General del Poder Judicial, del Consejo de Estado y de órganos consultivos similares de varias comunidades autónomas. Para arropar más la posición del Gobierno, señaló que trabajan en la misma línea los demás países europeos, según ha comprobado en los contactos con otros ministros del Interior.

Rajoy aceptó la posibilidad de negociar con el PSOE cualquier aportación al Reglamento, que ayer le entregó a Caldera, aunque la Ejecutiva Federal de ese partido decida el próximo lunes presentar un recurso de inconstitucionalidad. A lo que no está dispuesto en absoluto es a cambiar la Ley de Extranjería, o a enmendarla indirectamente a través de una moficiación de la Ley de Asociaciones.

El ministro del Interior subrayó que tanto en este momento, cuando ya se ha regularizado a 145.000 inmigrantes, como en junio, cuando se haga lo mismo con otros 60.000 y finalice este 'proceso transitorio', el Gobierno 'tiene la voluntad de aplicar la ley'. Cuando se le preguntó si el Gobierno será a partir de ahora, o desde el próximo junio, 'riguroso o flexible' en esa aplicación de la ley, el ministro declinó pronunciarse sobre esos calificativos y reiteró, respecto a qué ocurrirá si inmigrantes sin papeles se manifiestan, se encierran o ejercen otros derechos cívicos similares, que la ley está para aplicarla en todos sus extremos, incluido el de las expulsiones.

La dirección del PSOE, por su parte, se felicitó por no haber hecho un drama del desdén demostrado hacia su partido por Mariano Rajoy el pasado miércoles, cuando dio a entender que no tenía nada que hablar con los socialistas. Según el PSOE, en la reunión de ayer en La Moncloa, Rajoy y Caldera quedaron en seguir negociando el Reglamento 'y otros aspectos de la política de inmigración que trascienden' a esa norma. El vicepresidente dejó claro que no va a negociar el capítulo de derechos básicos de los inmigrantes. Esos cuatro artículos son los que previsiblemente llevarán el próximo lunes a la Ejecutiva Federal del PSOE a impulsar el recurso de inconstitucionalidad. Caldera rehusó ayer pronunciarse sobre la decisión definitiva, si bien es él quien está dirigiendo la preparación del recurso, junto con Consuelo Rumí, responsable de esa área en la Ejecutiva.

Propuesta sin variación

'Nos reservamos el derecho de recurrir o actuar por la vía política para denunciar la vulneración de derechos fundamentales que hace La ley de Extranjería. Pero la decisión la tomaremos el lunes', explicó Caldera. Rumí advirtió que el Reglamento que les entregó Rajoy es casi idéntico al que se conoció hace un mes y que el Gobierno negó que fuera auténtico.

En la reunión de ayer en La Moncloa quedó claro el disenso absoluto en torno a los artículos que el PSOE considera inconstitucionales. 'No es de extrañar esa disensión, ya que nosotros defendemos valores progresistas y consideramos irrenunciables esos derechos, mientras que el Gobierno de Aznar es claramente conservador', dijo Caldera.

Al margen de lo que decida finalmente la Ejecutiva del PSOE, los socialistas siguen pronunciándose en parlamentos autonómicos. El de Asturias no recurrirá la Ley, como pretendía IU. La abstención de los socialistas, con mayoría absoluta, así como la inhibición del partido del ex presidente autonómico Sergio Marqués, URAS, y el voto en contra del PP, impidió que prosperase la iniciativa de IU, informa desde Oviedo Javier Cuartas.