Normalidad en Euskadi

El informe sobre la situación del País Vasco realizado por el comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa ha irritado a los partidos que gobiernan en esa comunidad, porque les coloca ante realidades que se niegan a ver. Concretamente, que en Euskadi hay personas que ven restringidos sus derechos y libertades por no ser nacionalistas, y que la intimidación y persecución de esos ciudadanos se ha visto favorecida por el clima de casi impunidad en que se han movido los protagonistas de la lucha callejera. Se trata, por tanto, de una interpelación muy directa al Gobierno vasco y a los partidos que lo integran.

Se trata de partidos de tradición democrática, cuya reacción ante esa denuncia debería ser -y hubiera sido en otro tiempo- poner en primer plano su compromiso de garantizar la seguridad y las libertades de todos los ciudadanos. En lugar de eso, lo que han hecho es negar la mayor: el informe ha sido 'escrito, dirigido y filtrado desde Madrid', según el portavoz del Gobierno vasco. Se trata de 'un clon del programa electoral del PP y el PSOE', cuyos autores 'están en Ferraz y en Génova' (sedes del PSOE y PP, respectivamente), según el secretario general de EA. Son respuestas que equivalen a negar la evidencia o a considerar normal lo que pasa en Euskadi.

Quizá podrían matizarse algunos extremos del informe, pero la desigualdad se traduce, por ejemplo, en que toda la oposición (excepto Javier Madrazo) se vea obligada a llevar escolta ante amenazas verosímiles de ETA, organización que en el último año ha asesinado, entre otras personas, a cinco concejales del PP, al portavoz del PSE en la Cámara vasca y a otros destacados socialistas, y que ha intentado matar a la cúpula del Partido Popular en el País Vasco, al ex consejero socialista Recalde y a otras muchas personas caracterizadas por su actitud crítica hacia ETA y el nacionalismo. ¿Puede alguien dudar de que no asume el mismo riesgo un candidato de los partidos no nacionalistas que uno de los nacionalistas, un periodista que llama terroristas a los terroristas que uno que se protege en la equidistancia, un profesor que dice a sus alumnos que en Euskadi hay comportamientos nazis que el que comprende que los haya?

Se podrá alegar que no es fácil combatir a las bandas de encapuchados que señalan, amenazan, atacan y destruyen en nombre de la soberanía vasca, pero negar que tal cosa ocurre es contribuir a la empresa de intimidación que dirige ETA. Es cierto que la Ertzaintza ha detenido estos días a varios activistas, y sólo los cómplices de ETA podrían lamentarlo; pero no es el comisario de Derechos Humanos, sino los sindicatos de la propia policía vasca los que han denunciado la lenidad de sus mandos políticos frente a la kale borroka. Y fue la vicelehendakari quien admitió la vinculación entre esa forma de violencia y EH. Tal vez la Consejería de Interior esté contra la intimidación, pero hace dos semanas abrió diligencias a un concejal socialista de Bilbao por haber hecho frente pacíficamente a los abertzales concentrados ante la Casa del Pueblo con una pancarta en la que llamaban a los socialistas 'asesinos del euskera'.

Hay personas que consideran normal que no todos los ciudadanos tengan los mismos derechos. Por ejemplo, los que impulsan el carné vasco como procedimiento para elaborar un censo patriótico, o los que hace unos días, en Portugalete, aprovecharon una concentración convocada con motivo del último asesinato de ETA (en esta ocasión, un ertzaina) para abuchear a los dirigentes del PP y del PSOE. Pero es más preocupante que formaciones con responsabilidades de gobierno se consideren con derecho a utilizar las instituciones como si fueran de su propiedad: el PNV y EA presentaron ayer en Ajuria Enea al lehendakari (y candidato) Ibarretxe su programa, que definieron como 'única alternativa de futuro'. Son síntomas que confirman la preocupación que refleja el informe de Gil-Robles: defender la Constitución y el Estatuto en Euskadi es más arriesgado que combatirlos por las buenas o por las malas.