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El juez del 'caso Pallerols' cierra la instrucción de los delitos fiscales

El juez instructor del caso Pallerols, Josep Niubó, ha decidido cerrar las diligencias que constituían pieza separada sobre supuestos delitos fiscales de Fidel Pallerols y sus centros de formación de parados, And, Teo y Ceisa. La decisión del titular del Juzgado de Instrucción número 9 podría ser recurrida por el ministerio fiscal y las acusaciones, que creen que no se ha instruido suficiente el supuesto delito fiscal del empresario andorrano.

Según un informe preliminar de la Agencia Tributaria, las empresas de Pallerols defraudaron por lo menos 245,5 millones a Hacienda, por diferentes impuestos, entre los años 1995 y 1998. La extensa investigación de la Agencia Tributaria sobre las actividades de Pallerols concluye que 'la falta de nitidez y transparencia de la realidad física es utilizada de forma maliciosa por el grupo social en su conjunto para la obtención de fruto económico que acrece el patrimonio total del grupo'.

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La Agencia Tributaria cuestiona el derecho de Pallerols a repatriar a Andorra dinero de sus academias en España, receptoras de fondos ocupacionales repartidos por la Generalitat y su departamento de Trabajo, controlado por Unió.

En el informe de la Delegación de Cataluña de la Agencia Tributaria se afirma: 'El grupo ha obtenido rentas en España y con dinero público español. Le habría correspondido lógicamente reintegrar al Tesoro español la cuota-parte legal correspondiente a esa capacidad económica generada conforme a la legislación fiscal, independientemente de que los propios ingresos de la actividad sean cuestionados por su nacimiento de dudosa legalidad', concluye el dictamen. Los técnicos de Hacienda son partidarios de 'condicionar' las regularizaciones fiscales de la Inspección a la conclusión de las actuaciones judiciales 'por la obtención irregular de subvenciones financiadas por fondos comunitarios'.

Fidel Pallerols sigue imputado en la causa general por los presuntos delitos de fraude a las ayudas comunitarias, falsificación de documentos y financiación irregular de Unió Democràtica.

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