El Congreso reclama al Tribunal de Cuentas que amplíe la fiscalización de Marbella a los años 2000 y 2001

La comisión mixta Congreso-Senado aprobó ayer por unanimidad la propuesta del grupo parlamentario socialista de ampliar la fiscalización del Ayuntamiento de Marbella y las sociedades municipales a los años 2000 y 2001. Los grupos parlamentarios pidieron también al Tribunal de Cuentas la intervención judicial de las empresas públicas creadas durante los diez años de gobierno del grupo GIL en Marbella, y, a propuesta del PP, que el Ministerio Fiscal actúe de oficio y solicite el embargo preventivo de los bienes de los concejales del GIL con responsabilidad contable.

Todos los grupos se mostraron conformes con la decisión del máximo órgano fiscalizador de remitir al Fiscal General del Estado y a la sección de Enjuiciamiento el informe realizado sobre la contabilidad municipal del consistorio marbellí entre los años 1990 a 1999, que arroja una cifra de 62.000 millones de pesetas de gastos públicos sin justificar, a fin de determinar el importe total de los perjuicios ocasionados a los caudales públicos.

También se aprobó por unanimidad instar a la Hacienda Pública y a la Tesorería General de la Seguridad Social que reclamen por la vía de apremio las cantidades que el Ayuntamiento que preside Jesús Gil adeuda a ambos organismos. El Tribunal deberá comunicar a la Fiscalía Anticorrupción los hechos que de acuerdo con el informe de fiscalización de los primeros años de gobierno del GIL pudieran ser constitutivos de delitos contables, administrativos y penales. El pleno de la comisión mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, que expresó su 'más profunda condena' por las irregularidades cometidas por el equipo de gobierno de Gil y Gil, rechazó la propuesta de Izquierda Unida de disolución de la Corporación Municipal de Marbella, con los votos en contra del PP y de CIU y la abstención del PSOE.

Respuesta

En un comunicado, el alcalde de Marbella, Jesús Gil y Gil, reiteró ayer que se trata de una campaña orquestada en su contra, y aseguró que rebatirá 'línea a línea' todas las acusaciones contra su gestión en la Sección de Enjuiciamiento. Gil acusó a los auditores del máximo órgano fiscalizador de actuar 'por mandato político', e insistió en que el Tribunal 'ha hecho caso omiso' a los 800 folios de alegaciones presentados por su equipo de gobierno y a los más de 60.000 documentos aportados por su equipo de gobierno.

El grupo parlamentario socialista presentará hoy una proposición no de ley para solicitar que se modifique el artículo 44.1 del reglamento de funcionamiento del Tribunal de Cuentas. La portavoz municipal socialista, Isabel García Marcos, explicó que se trata de establecer que sea el pleno el único órgano competente para conocer el contenido de los informes de fiscalización, y presentar las alegaciones, con el fin de evitar arbitrariedades.