Reforma con prisas

El Gobierno parece haber dado por rota la negociación entre la patronal y los sindicatos y ha decidido elaborar su propia reforma del mercado laboral. El Consejo de Ministros examinará este viernes varias medidas que modifican las indemnizaciones por despido: por un lado, se extiende a nuevos grupos de trabajadores el baremo de 33 días por año y se implanta una nueva compensación de 12 días por la rescisión de los contratos temporales. Dos decisiones que hubieran requerido la aquiescencia de quienes van a aplicarlas: las empresas y los trabajadores.

La irrupción del Gobierno en la mesa de negociación para apropiarse de la reforma no es una buena noticia. No había razones de urgencia para ello -la vigencia del contrato fijo con despido de 33 días termina el 17 de mayo- y la experiencia indica que las reformas que no están apoyadas por los agentes sociales -como la figura del contrato a tiempo parcial con jornada reducida que aprobó el Gobierno en 1997- suelen tener un éxito muy reducido. Sobre el contenido, poco hay que decir mientras no se conozcan los detalles de los cambios. Por ejemplo, es necesario saber a qué grupos de trabajadores afectará la rebaja de la indemnización a 33 días para calibrar el efecto de los cambios que con tanta prisa propone el Gobierno.

El sentido de esta reforma sólo se encontrará en una reducción de la temporalidad de los contratos. Es una condición más importante que el abaratamiento del despido, porque hay evidencias de que es el largo proceso de tramitación de los despidos lo que constituye un obstáculo para la flexibilidad del mercado, más que su coste. Mientras que la estabilidad en el empleo favorece la competitividad empresarial y mejora las condiciones económicas generales. De igual modo es necesario analizar qué beneficios tendría la extensión o potenciación de los contratos a tiempo parcial para mujeres y jóvenes, que presentan tasas muy elevadas de desempleo. Por último, resulta imprescindible extender la descentralización de la negociación colectiva.

No hay indicios de que el Gobierno, que parece haber retirado la confianza en la negociación, tenga mayor interés en profundizar sobre estos aspectos; o en el control de una temporalidad que sustituye puestos de trabajo estructurales, o en la formación profesional, cuyo funcionamiento y correcta asignación de recursos es vital para reducir el paro. Centrar la reforma en el coste del despido es una simplificación que puede acabar en contrarreforma.