Aparicio urge a pactar la reforma de la negociación colectiva antes de mayo

Aparicio defendió ayer el decreto 'para la mejora del empleo y de su calidad'. Aseguró que beneficiará a 800.000 trabajadores: 'A 225.000 mujeres desempleadas, a 100.000 parados mayores de 45 años, a 125.000 que llevan más de seis meses desempleadas, a 215.000 con contratos temporales, a 35.000 que se acogerán a bonificaciones por baja de maternidad y a 70.000 que se beneficiarán de las bonificaciones llamadas de coste cero'.

'Si esto que usted dice fuera cierto', le respondió, por ejemplo, Joan Saura, de IC, 'en este país hay gente que se ha vuelto loca'. Saura, como todos los portavoces de la izquierda parlamentaria, subrayó que no hay tales beneficios.

Jordi Sevilla, portavoz de Economía del PSOE, aseguró que el decreto 'ahonda en una estrategia de precarización del mercado laboral y apuesta por un modelo basado en el progresivo deterioro de los derechos colectivos de los trabajadores'. Desde cuándo, se preguntó Sevilla, 'para reducir la temporalidad se crean nuevos contratos temporales y precarios'. O para 'aumentar la participación de la mujer en el mercado laboral sólo se les ocurre que lo hagan en peores condiciones que los hombres, con un coste de despido más barato'. Sevilla ironizó: 'No dudo de que semejante discriminación contra las mujeres será debidamente criticada y votada en contra por las diputadas de su grupo, que tanta sensibilidad feminista han mostrado en ocasiones recientes'.

Con esta broma, Sevilla recordaba el incidente de hace una semana cuando un comentario supuestamente machista causó tal alboroto que 54 diputados del PP equivocaron su voto y devolvieron una ley al Gobierno. Ayer en el PP votaron correctamente, pero tres socialistas erraron al apretar el botón.

Aunque el decreto fue convalidado con los votos de PP, CiU y Coalición Canaria, también los portavoces de estos dos grupos nacionalistas criticaron la ruptura del diálogo social. Carles Campuzano (CiU) recordó que el 'acuerdo de 1997 permitió un buen clima social y un proceso de moderación salarial que ha contribuido decisivamente al crecimiento'. Desde CC, María del Mar Julios Reyes dijo que el crecimiento requiere 'estabilidad', y para lograrla 'son necesarios los pactos, los consensos, el diálogo con los interlocutores sociales, las fuerzas políticas y las comunidades autónomas'.

La defensa a ultranza del diálogo y la acusación al Gobierno de haber participado activamente en su ruptura no fue compartida ni por el diputado del PP José Azpiroz ni por el ministro. Aparicio subrayó que 'el diálogo no es un fin en sí mismo, sino una herramienta, y cuando hay una necesidad de actuar sobre el mercado laboral, el Gobierno tiene la obligación de actuar, una vez cumplidos y respetados los plazos que los agentes sociales se han dado'. Con esta filosofía subrayó, después del pleno, que el plazo para la 'ineludible modernización de la negociación colectiva' concluye el 17 de mayo, e invitó a los agentes sociales a seguir negociando.

Aunque esta amenaza sólo ha salido en la prensa, el coordinador de IU, Gaspar Llamazares, aseguró que ésa es la clave de esta reforma laboral: 'Es un mensaje a los sindicatos para que se atengan a las consecuencias; han dicho que en estos momentos la cuestión está encima de la mesa, cuando no se ha iniciado siquiera la mesa de negociación colectiva, que está encima de la mesa la protección al desempleo y que lo está también la cuestión de las pensiones'.